Responsabilidades en la gestión de combustibles en la mira de la Cámara de Diputados
El diputado Carlos Alarcón, representante de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados encargada de investigar el asunto de la 'gasolina basura', ha revelado que el informe elaborado por este grupo señala posibles responsabilidades en las gestiones de Luis Arce y la actual administración.
Este informe será discutido en los próximos días por el pleno de la Cámara de Diputados, donde se decidirá el futuro de la investigación sobre la calidad del combustible y los contratos relacionados con su suministro.
Alarcón destacó que entre los mencionados en el informe se encuentran el expresidente Luis Arce Catacora, así como los exministros Mauricio Medinaceli y Gallardo, además de figuras clave de YPFB, como Wilson Dorgathen. "La responsabilidad abarca ambas gestiones presidenciales", afirmó el diputado.
El informe también resalta un contrato entre YPFB y la empresa Ditol, firmado durante la administración de Dorgathen bajo el gobierno de Arce, que fue modificado en múltiples ocasiones. La última enmienda se realizó el 17 de diciembre de 2025, justo cuando se levantó la subvención a los combustibles.
Alarcón cuestiona por qué se decidió ampliar este contrato en lugar de buscar nuevas alternativas para el abastecimiento de gasolina de calidad, y sostiene que esto permitió que el contrato continuara hasta el 30 de junio de 2026, cuando se produjo la provisión del combustible asociado al escándalo.
La importancia de este caso radica en su impacto económico, ya que involucra a la principal empresa estatal del sector hidrocarburos, afectando directamente el abastecimiento de combustibles en Bolivia. Alarcón señala que la responsabilidad no debe recaer solo en una administración, dado que el contrato se gestó en el gobierno de Arce y fue modificado en la actual gestión.
Asimismo, el diputado cuestionó la tardanza en el tratamiento del informe, que estuvo aproximadamente un mes sin discusión desde que fue enviado a la Presidencia de la Cámara Baja.
El informe ahora será evaluado por el pleno, que decidirá si se deben establecer responsabilidades políticas o administrativas, o si se tomarán otras acciones en el marco de esta investigación. En tiempos en que el costo de la gasolina y el diésel afecta a la economía boliviana, este caso resalta la necesidad de una gestión adecuada de los contratos de importación y provisión de combustibles.