Ciento setenta y dos familias en Tarija demandan justicia tras estafa de casi un millón de bolivianos en proyecto habitacional
En Tarija, un grupo de 172 miembros de la Asociación Arcoiris ha denunciado haber sido víctima de una estafa que asciende a casi 1 millón de bolivianos, tras haber realizado aportes económicos para acceder a terrenos y viviendas. La desilusión de estos ciudadanos es palpable, ya que el proyecto prometido no llegó a concretarse, a pesar de las expectativas iniciales.
Alcira Becerra, representante de la Asociación, detalló que cada socio contribuyó con 5.150 bolivianos, con la esperanza de obtener un lote donde edificar su hogar. Las parcelas estaban ubicadas en las cercanías de la nueva terminal de buses de Tarija, y los miembros incluso comenzaron a tomar posesión de estos terrenos, celebrando con un pequeño evento la certeza de tener un lugar propio.
Sin embargo, la ilusión se transformó en desilusión, ya que pasaron días, semanas y hasta años sin que se realizaran las construcciones de las viviendas. "Hemos entregado 5.150 cada socio con la confianza de que tendríamos nuestro terrenito y casita", expresó Becerra.
La situación afecta a diversos sectores de la población, incluidos ancianos, personas con discapacidad, madres solteras y padres viudos. Algunos de estos afectados han perdido a familiares en el transcurso de la espera por el proyecto habitacional. Tras agotar las opciones de diálogo, la asociación optó por llevar el caso a instancias judiciales, lo que resultó en una sentencia de 10 años contra los acusados por estafa múltiple agravada.
Uno de los principales implicados, Jaime Castillo Vargas, ha intentado apelar la condena, aunque la documentación presentada por la asociación indica que la sentencia ha sido ratificada y su recurso ante el Tribunal Supremo ha sido rechazado. Becerra insistió en la necesidad de recuperar el dinero perdido, así como el resarcimiento por los daños sufridos.
A pesar de la condena, los denunciantes expresan su preocupación porque los culpables continúan en libertad, algunos bajo arresto domiciliario, pero según los denunciantes, incumpliendo esas condiciones. Eufren Andia Herbas, vicepresidente de la Asociación, subrayó la urgencia de que las autoridades cumplan con la sentencia, destacando que una audiencia relacionada con un amparo constitucional está programada para este martes.
Los integrantes de la Asociación Arcoiris cuentan con toda la documentación pertinente al proceso y las diversas acciones judiciales emprendidas a lo largo de estos años, por lo que piden a las autoridades que se garantice la ejecución de las resoluciones judiciales y que se considere la compensación económica para quienes se sienten agraviados. La preocupación es auténtica, pues el perjuicio económico para estas 172 familias ronda los 1 millón de bolivianos, dejando un legado de promesas incumplidas y sueños frustrados.