Críticas a la Ley de Inversiones por posible restricción del Estado
El economista Martín Moreira ha expresado su preocupación sobre el proyecto de Ley de Inversiones que fue enviado por el Gobierno a la Asamblea Legislativa Plurinacional. En su análisis, advierte que algunos de los mecanismos propuestos, como la estabilidad jurídica y los incentivos tributarios, podrían tener efectos adversos sobre la regulación estatal.
Moreira enfatizó la importancia de atraer tanto inversión nacional como extranjera para estimular el crecimiento del país, fomentar la creación de empleo, incorporar tecnología y enfrentar la escasez de divisas. Sin embargo, subrayó que estas inversiones deben venir acompañadas de compromisos claros, asegurando que una porción significativa de los beneficios generados se quede en Bolivia.
El proyecto de ley, que consta de 103 artículos, podría otorgar garantías amplias a los inversionistas antes de establecer nuevas normativas para sectores clave como minería, hidrocarburos, litio, recursos evaporíticos y energía. El economista advirtió que este enfoque podría limitar la capacidad de negociación del Estado en áreas consideradas estratégicas.
Moreira también expresó sus dudas sobre la estabilidad jurídica a largo plazo y los mecanismos de arbitraje internacional que contiene el proyecto. Argumentó que las garantías dispuestas para los inversionistas no deberían restringir la capacidad del Estado para ajustar sus políticas tributarias, ambientales o regulatorias según las nuevas demandas que surjan.
En relación a los incentivos fiscales, el economista sugirió que se realice un análisis sobre el impacto en la recaudación del Estado y qué beneficios tangibles se obtendrían a cambio, tales como empleo, transferencia de tecnología, aumento de exportaciones y desarrollo productivo.
Finalmente, Moreira concluyó que la Ley de Inversiones debería centrarse en aquellos proyectos que creen empleo formal, impulsen la tecnología, promuevan proveedores nacionales y generen valor agregado, sin descuidar la protección de los recursos naturales y evitando que la atracción de capital resulte en una transferencia rápida de activos públicos.