Cuestionamientos al Proyecto de Ley de Inversiones del Gobierno
Omar Rilver Velasco Portillo, analista de políticas públicas, ha expresado su preocupación por el nuevo proyecto de Ley de Inversiones que impulsa el Gobierno. Según su evaluación, esta normativa presenta seis puntos que podrían generar contradicciones y dudas sobre su efectividad.
Entre los aspectos señalados, Velasco cuestiona la creación de la Agencia Nacional de Inversiones (ANI). Expresa su inquietud sobre el papel que desempeñará esta entidad en el marco de un plazo de 120 días destinado a la elaboración del Plan de Inversiones, lo que plantea interrogantes sobre su funcionalidad en este período.
El analista también ha señalado los incentivos que el proyecto propone para atraer empresas transnacionales. Asegura que esta iniciativa no establece requerimientos claros en términos de inversión, generación de empleo, transferencia de tecnología o la obligación de retorno de divisas al país, lo que podría comprometer el desarrollo económico nacional.
Otro punto de controversia son las exenciones tributarias que se contemplan en el proyecto, incluyendo beneficios en el IVA y el Gravamen Arancelario, así como créditos tributarios aplicables al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE). Velasco advierte que estas medidas podrían disminuir los ingresos fiscales sin ofrecer mecanismos de compensación adecuados.
Además, se ha manifestado preocupación por la posibilidad de que las empresas extranjeras puedan transferir utilidades y dividendos al exterior sin que el proyecto garantice niveles mínimos de reinversión en Bolivia, ni establezca mecanismos que aseguren el retorno de dólares generados por exportaciones.
Por último, el analista critica la propuesta que permite la ratificación de contratos de inversión por parte de la Asamblea Legislativa, considerando que esta acción podría chocar con las atribuciones constitucionales de dicho organismo en relación con los contratos del Estado. También cuestiona que el proyecto permita al Gobierno utilizar recursos públicos para financiar programas de crédito y garantíast, en un contexto fiscal complicado para el país.