Modificación legal redistribuye responsabilidades financieras entre el Estado y las gobernaciones
En su reciente sesión, la Cámara de Senadores dio luz verde a un proyecto conocido como la "Ley de Adecuación del Financiamiento de Obligaciones Públicas", que ahora será revisado por la Cámara de Diputados. Esta normativa busca que el gobierno central asuma ciertos costos que previamente debían cubrir las gobernaciones.
La ley contempla que el Tesoro General de la Nación se responsabilice por diversos pagos, incluyendo el prediario para los internos en los centros penitenciarios, el bono de vacunación destinado al personal de salud y la emisión sin costo de los diplomas de bachiller. Esta iniciativa fue propuesta por la bancada de Libre, apoyada por el gobernador cruceño, Juan Pablo Velasco, como parte de las negociaciones para aprobar el Presupuesto reformulado del gobierno.
Entre las obligaciones que asumirá el TGN se encuentran también los gastos relacionados con el funcionamiento del sistema penitenciario, los viáticos para la vacunación, el escalafón al mérito y otros beneficios económicos del sector salud, así como las becas universitarias de programas nacionales y el mantenimiento de instalaciones deportivas de responsabilidad del nivel central.
En el ámbito educativo, la normativa asegura que todos los costos asociados a la emisión y distribución gratuita de los diplomas de bachiller serán financiados con recursos del TGN, asignados al presupuesto del Ministerio de Educación. Esto implica que los fondos que antes eran utilizados por las gobernaciones para estas obligaciones podrán ser reprogramados según sus planes y competencias.
El senador Leonardo Roca, uno de los promotores de esta ley, expresó su satisfacción por el respaldo recibido en la Cámara Alta y subrayó la urgencia de su rápida aprobación en la Cámara de Diputados. “La autonomía se defiende con propuestas técnicas y negociaciones efectivas”, afirmó.
El presidente del Senado, Diego Ávila, también se mostró complacido con la aprobación de la normativa, señalando que es un paso hacia la restauración de competencias que habían sido mal asignadas a las autonomías. Finalmente, el senador Ernesto Suárez destacó que incluir el 50-50 en el Presupuesto actual sería inviable, dada la necesidad de un procedimiento que implique modificaciones a la ley de Autonomías.