Prohibición judicial a influenciador estadounidense sobre contacto con indígenas en Paraguay
El sistema judicial de Paraguay ha tomado medidas para proteger a la comunidad indígena ayoreo totobiegosode, que vive en aislamiento voluntario. Un juez penal de Garantías de Asunción emitió una resolución que prohíbe al influenciador estadounidense Nathan Pratt Seastrand, conocido en redes como ‘Yankiguayo’, establecer contacto con este pueblo, así como grabar y difundir material relacionado con ellos. Esta decisión fue comunicada el jueves por el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), que había presentado un recurso de amparo hace dos días.
El fallo no solo impone la prohibición de contacto, sino que también ordena la remoción de cualquier dispositivo de grabación, como cámaras trampa, que Seastrand pudiera haber instalado en el territorio protegido de los ayoreo totobiegosode. Este territorio se encuentra en la región del Chaco, una vasta área que comparte Paraguay con Argentina, Brasil y Bolivia.
El abogado del INDI, Juan José Mallada, manifestó su satisfacción por la pronta respuesta de las autoridades judiciales y destacó que se han tomado las medidas pertinentes de manera urgente. Además, el juez ha prohibido la publicación y comercialización de cualquier material audiovisual que Seastrand haya podido recopilar sobre esta comunidad no contactada.
Las autoridades paraguayas comenzaron a investigar después de recibir denuncias de ayoreos que habían abandonado su aislamiento, quienes informaron que el influenciador les ofreció dinero para que les ayudaran a establecer contacto con familiares que aún viven en la selva. Pratt Seastrand ha afirmado que su intención es producir un proyecto audiovisual con el apoyo de Netflix, lo que ha alimentado preocupaciones sobre el impacto en la comunidad indígena.
A pesar de la prohibición, el proceso legal del INDI contra Seastrand continúa, dado que su situación aún no está definida y las autoridades no han podido ubicarlo, ya que su dirección es desconocida.
Cabe destacar que en 2016, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había solicitado a Paraguay la implementación de medidas cautelares para proteger al pueblo ayoreo totobiegosode, en especial a sus comunidades en aislamiento voluntario, ante la invasión de personas ajenas a su hábitat y el riesgo que esto representa para su supervivencia cultural y física. Mallada enfatizó que la acción del INDI representa una respuesta unificada del Estado paraguayo en línea con esta recomendación.