Crisis de combustible provoca protestas en el sector productivo
La situación actual en torno al suministro de combustible ha llevado a una creciente frustración entre distintos sectores productivos en Bolivia. Tras las promesas de soluciones, las movilizaciones del sector del Autotransporte se han intensificado, con el respaldo de organizaciones como la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) y la Cámara Nacional de Comercio (CAINCO). Ahora, la atención se centra en determinar las responsabilidades legales del Gobierno respecto a la calidad del combustible importado, que ha afectado a numerosos vehículos en el país.
El presidente Rodrigo Paz Pereira, quien justificó el aumento en los precios del combustible a 6,96 bolivianos por litro de gasolina y 9,80 bolivianos por diésel, argumentó que el Estado estaba gastando 10 millones de dólares diarios, lo que equivale a aproximadamente 300 millones mensuales. A pesar de estas cifras, los datos del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) indican que la importación de combustibles ha disminuido en un 11% en comparación con el año anterior, lo que ha agravado aún más la crisis.
El legislador Samuel Doria Medina ha criticado al Gobierno, señalando que las reservas del Banco Central, que alcanzan los 470 millones de dólares, podrían ser utilizadas para importar combustible, pero parece que no se están utilizando adecuadamente. Doria Medina subraya que esta situación podría estar ligada a la intención de evitar un nuevo aumento en el dólar.
Mientras los problemas se agravan, la Asamblea Legislativa está avanzando en la creación de informes que podrían derivar en acciones judiciales contra autoridades relacionadas con la gestión del combustible. La crisis de abastecimiento, que comenzó a visibilizarse en 2024, se ha convertido en un tema candente en la agenda política.
Investigación legislativa sobre la crisis
Recientemente, el diputado Carlos Alarcón, quien lidera la Comisión Especial de Investigación, presentó un documento que señala a 54 personas que podrían ser responsables penal y civilmente por la crisis del combustible. Alarcón ha mencionado que la investigación debe abarcar también a los actuales funcionarios del Ministerio de Hidrocarburos y YPFB, poniendo de relieve la necesidad de transparencia en el manejo del sector.
El clima de descontento no solo se siente en la política, sino que también afecta a los sectores productivos. El presidente de CAINCO, Jean Pierre Antelo, ha manifestado que la crisis actual en el suministro de combustible se asemeja a las dificultades del año anterior, y ha instado al Gobierno a adoptar medidas más efectivas para resolver la situación. Desde el sector agropecuario, Klaus Frerking ha señalado que la falta de diésel podría comprometer la producción de alimentos, un tema crítico en la economía nacional.