La nueva legislación aliviará la carga financiera de la Gobernación de Tarija
Recientemente, el Senado boliviano aprobó un proyecto de ley que establece que el Gobierno Nacional asumirá el pago de los prediarios de los reclusos y del bono de vacunación para el personal del sector salud, lo que significará un alivio económico significativo para las gobernaciones del país.
La nueva norma, conocida como la Ley de Adecuación del Financiamiento de Obligaciones Públicas, asegura que ya no se realizarán débitos automáticos ni transferencias de recursos a las gobernaciones por estos conceptos. Además, incluye la responsabilidad del Estado central en el financiamiento de los títulos de bachiller, lo que permitirá a la Gobernación de Tarija acceder a más de 13 millones de bolivianos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).
María René Soruco, gobernadora de Tarija, expresó su satisfacción por la aprobación de esta iniciativa, destacando que es un paso importante hacia el fortalecimiento de la autonomía departamental. Resaltó que no se trata solo de un discurso, sino de una herramienta esencial para el desarrollo de las regiones bolivianas. Soruco enfatizó que una de sus prioridades desde el inicio de su gestión ha sido la defensa de los recursos del departamento.
La gobernadora también recordó que su administración había propuesto frenar la transferencia de costos hacia los gobiernos departamentales, proponiendo esta medida ante diversas instancias y reuniones con otros gobernadores. A través de sus redes sociales, Soruco presentó cifras que ilustran el impacto financiero de la ley. En la gestión 2025, la Gobernación gastó 8.270.015,53 bolivianos en el bono de vacunación, 482.700 bolivianos en títulos de bachiller y 4.720.903,09 bolivianos en prediarios, sumando un total de 13.473.618,62 bolivianos.
Soruco concluyó afirmando que la construcción de un país fuerte debe iniciar desde las regiones, departamentales y municipales. Este avance, según su perspectiva, representa el comienzo de una nueva etapa en el proceso de autonomía y en la salvaguarda de los recursos regionales. La expectativa es que el proyecto de ley sea aprobado en la Cámara de Diputados y posteriormente promulgado por el Ejecutivo nacional.
El proyecto de ley también estipula que serán financiadas con recursos del Tesoro General de la Nación las siguientes obligaciones: costos de prediarios, bono de vacunación y otros beneficios relacionados con la salud, becas universitarias y el mantenimiento de infraestructura deportiva bajo la responsabilidad del Estado central.
La senadora Marcela Guerrero celebró la aprobación de esta ley, subrayando la importancia de un presupuesto más equitativo y menos centralista para el 2027, insistiendo en la necesidad de una redistribución de recursos mediante un enfoque del 50-50. Se prevé que los gobernadores y alcaldes se reúnan con el presidente Rodrigo Paz para discutir estos asuntos.