Aumento en la inflación ante la nueva tarifa de diésel
El Gobierno ha implementado un nuevo precio de 18 bolivianos por litro de diésel, destinado a grandes consumidores. Aunque se afirma que esta medida no afectará los precios de la canasta familiar, diversos sectores como el transporte, la agricultura y el comercio han comenzado a evaluar sus costos operativos, temiendo que este ajuste se traslade a los precios finales de los productos.
La controversia surgió tras la publicación del decreto 5676, que establece un mecanismo de comercialización para aquellos considerados "Gracos" — grandes contribuyentes que requieren un alto volumen de diésel — y para industrias que necesitan despachos directos desde YPFB, como las grandes mineras y agroindustrias.
El decreto también afecta a los llamados "usuarios directos", que son aquellos que consumen entre 120 y 5.000 litros mensuales en estaciones de servicio. No obstante, el Ministerio de Hidrocarburos tuvo que aclarar que la definición de "usuario directo" se refiere a quienes adquieren combustible para consumo propio, dejando a muchos en estado de incertidumbre sobre los nuevos precios.
A pesar de las defensas del Ejecutivo, que sostiene que el nuevo esquema no impactará en la canasta básica, los pequeños empresarios y transportistas están alertas. Argumentan que cualquier aumento en los costos de diésel repercutirá en el precio de productos como alimentos y materiales de construcción, elevando así el costo de vida.
Desde el mes de abril, el desabastecimiento de combustible ha llevado a filas extensas en las estaciones de servicio. El Gobierno argumenta que el nuevo precio busca desincentivar el contrabando y ajustar los precios al costo real de importación, aunque estos cambios han generado desconfianza entre la población, que teme una futura eliminación total de las subvenciones a los combustibles.
De acuerdo al ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, la metodología de ajuste del precio de diésel considerará factores como la cotización del petróleo y costos logísticos. Mientras tanto, el Gobierno se comprometió a facilitar información diaria sobre los volúmenes de combustible despachados, en un intento por mitigar la crisis de abastecimiento en Santa Cruz.
Finalmente, las autoridades de Santa Cruz y el Gobierno han acordado trabajar juntos para resolver la crisis de abastecimiento, incluyendo la revisión de la agencia reguladora y el fomento a la participación privada en el sector. Una nueva reunión está prevista para el 31 de agosto para evaluar los progressos en este tema.