Gobierno considera prorrogar el estado de excepción ante bloqueos persistentes
El Gobierno ha abierto la posibilidad de extender el estado de excepción que se encuentra vigente en Bolivia, motivado por la persistencia de bloqueos y las advertencias de nuevas protestas. Estas movilizaciones se oponen al Decreto Supremo 5676, que regula aspectos relacionados con los combustibles.
Fernando Aramayo, ministro de la Presidencia, indicó que si las presiones continúan obstaculizando la libre circulación, se podría considerar la ampliación de esta medida excepcional. El objetivo del Gobierno es prevenir la repetición de los conflictos que se vivieron durante los meses de mayo y junio, cuando los bloqueos afectaron severamente el abastecimiento de productos esenciales como alimentos, combustibles y medicamentos.
El vocero presidencial, José Luis Gálvez, enfatizó que, por ahora, no existe una prioridad inmediata para ampliar el estado de excepción. Aclaró que la medida continúa vigente y que corresponde a las autoridades garantizar el cumplimiento de las restricciones actuales, además de imponer sanciones a quienes participen en bloqueos.
El estado de excepción fue implementado por Rodrigo Paz el 20 de junio a través del Decreto Supremo 5636, con una duración de 90 días, lo que significa que permanecerá en vigor hasta el 18 de septiembre de 2026. Cualquier futura extensión requeriría la aprobación de la Asamblea Legislativa, conforme a lo indicado por especialistas en interpretación constitucional.
El debate sobre esta situación se ha intensificado, especialmente después de que se reactivaron los bloqueos en varios puntos del país, como en el puente San Pablo, ubicado en la carretera Santa Cruz-Beni, donde los productores han continuado su protesta por tercer día consecutivo, exigiendo, entre otros puntos, la liberación de personas detenidas.
Desde la oposición, algunos legisladores han manifestado que el Gobierno debería hacer cumplir el estado de excepción actual antes de considerar su ampliación. Mientras tanto, desde el oficialismo se impulsa una propuesta para extender la medida por seis meses, citando posibles conflictos sociales y emergencias futuras como justificación.
El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, ha subrayado que el estado de excepción es una herramienta que debe ser utilizada de manera temporal y que, por sí sola, no aborda las causas profundas de la conflictividad. En este sentido, ha instado a priorizar el diálogo y atender las demandas que podrían desencadenar nuevas protestas.
Por el momento, el Gobierno mantiene abierta la opción de prorrogar el estado de excepción, aunque no hay una decisión definitiva al respecto. La resolución dependerá de la evolución de los bloqueos y movilizaciones en las próximas semanas, así como del cumplimiento del procedimiento legal requerido para la extensión de la medida.