Intervención Estatal Extraordinaria de YPFB por Deficiencias Operativas
El Gobierno boliviano ha establecido una intervención estatal temporal en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) durante un periodo inicial de hasta 180 días, debido a serias deficiencias observadas en sus operaciones. Esta acción busca robustecer la logística relacionada con la importación y distribución de carburantes en el país.
La intervención fue formalizada mediante el Decreto Supremo 5697, que fue aprobado el 1 de septiembre. Esta norma también da vida a una Comisión de Intervención Estatal Extraordinaria, cuya función será supervisar la gestión de YPFB durante el tiempo que dure la intervención.
El decreto permite que, si la situación lo amerita, el periodo de intervención pueda ampliarse una única vez por 90 días más, a juicio del Ministro de Hidrocarburos. De igual manera, la intervención podría finalizar antes de los 180 días si se logran subsanar las causas que llevaron a esta medida.
Motivos y atribuciones de la comisión
El fundamento de esta intervención se basa en las "deficiencias en los procesos de la cadena logística de importación y distribución de carburantes", que representan un riesgo para el interés público y la seguridad energética del país. Aun así, el decreto aclara que esto no significará la disolución de YPFB ni cambiará su naturaleza jurídica o estructura institucional.
La Comisión de Intervención Estatal Extraordinaria estará compuesta por representantes de varios ministerios, incluyendo el de Economía, Producción, Hidrocarburos, y Obras Públicas, además del Viceministro de Transparencia. Sus tareas se centrarán en las áreas de comercialización, logística y trazabilidad de combustibles, con el fin de detectar irregularidades como el contrabando y el desvío de productos.
- Recomendar auditorías técnicas a la cadena logística.
- Evaluar decisiones que afecten el abastecimiento de combustibles.
- Revisar procesos de importación y distribución.
Además, la comisión tendrá la facultad de recomendar la remoción de personal, así como solicitar la colaboración de expertos y entidades estatales para el control y la fiscalización. Todos los funcionarios de YPFB están obligados a proporcionar la información requerida por la comisión en los plazos establecidos, con la advertencia de que el incumplimiento podría acarrear responsabilidades administrativas o penales.
Por último, es importante señalar que esta intervención no requerirá recursos adicionales del Tesoro General de la Nación, ya que se prevé que cualquier gasto sea cubierto por los presupuestos de las instituciones que conforman la comisión.