Marinkovic impulsa la apertura del mercado de combustibles en Bolivia
El senador Branko Marinkovic ha vuelto a exponer una propuesta audaz para enfrentar la crisis de combustibles que afecta a Bolivia, sugiriendo que se permita a los actores privados participar en la importación, almacenamiento, transporte y comercialización de carburantes, eliminando así la intermediación forzada de YPFB.
Este planteamiento no es reciente; ya en abril, en medio de largas filas por la falta de diésel, Marinkovic había argumentado que el modelo estatal había fracasado y que era necesario privatizar la cadena de combustibles. En aquel momento, se quejó: 'Se nacionalizó, no hay gas, no hay plata, hay filas'.
La propuesta ha tomado forma a través de un proyecto de ley que Marinkovic presentó junto a los senadores Ernesto Suárez y Kathia Quiroga. Este proyecto busca permitir que empresas tanto nacionales como extranjeras importen gasolina, diésel y otros tipos de combustibles sin la necesidad de un cupo o autorización previa.
Entre las medidas más controversiales se encuentra la reducción del IVA del 13% al 3% para los combustibles que se importen bajo este nuevo sistema, además de la eliminación de otros impuestos que puedan obstaculizar la viabilidad de la importación privada. También se propone disolver la ANH y reemplazarla por una autoridad técnica que se enfoque en la calidad, seguridad y metrología, sin competencias para decidir sobre cupos de importación.
La relevancia de la propuesta se intensifica a medida que el Gobierno de Rodrigo Paz comienza a contemplar una dirección similar. Después de intervenir YPFB durante 180 días debido a problemas en la importación y distribución de combustibles, el Ejecutivo ha manifestado su intención de permitir una mayor participación del sector privado en este mercado.
El ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, ha afirmado que ya se han mantenido diálogos con empresas privadas interesadas en importar combustibles, y que se busca que YPFB se enfoque principalmente en la exploración, explotación y refinación de recursos.
La posición del Gobierno apunta al retiro de YPFB de la importación y comercialización, junto con la eliminación de la subvención y mecanismos de protección para los sectores más vulnerables.
Así, lo que inicialmente era un planteamiento disruptivo de Marinkovic empieza a alinearse con la estrategia del Gobierno. Sin embargo, la incertidumbre persiste sobre quiénes serán los nuevos actores en este negocio, bajo qué normativas operarán y si esta apertura realmente eliminará las largas filas de consumidores sin reemplazar un monopolio estatal por un control privado excesivo.