Más de 25 millones de bolivianos siguen sin ser liberados en La Paz
La reciente Ley de Adecuación de Obligaciones de los Gobiernos Departamentales ha permitido la liberación de aproximadamente 15 millones de bolivianos del presupuesto del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) en Tarija. Esta normativa exime de la obligación de pago de competencias de carácter nacional, como el Bono de Vacunación, la entrega de títulos de Bachiller y los prediarios del Régimen Penitenciario, con un total que asciende a 15 millones de bolivianos, incluyendo 8,2 millones para el bono, 482.700 para los bachilleres y 4,7 millones para los prediarios. Esta medida, que será efectiva tras su publicación en la Gaceta Oficial del Estado, fue recibida con entusiasmo por la gobernadora María René Soruco, quien la definió como un paso hacia la “recuperación de soberanía”.
No obstante, persisten en el presupuesto más de 25 millones de bolivianos que permanecen “confiscados” en el nivel central del Estado. Uno de los mayores montos corresponde al Fondo de Promoción de Exploración, conocido como el Fondo de Incentivos, que absorbe cerca de cinco millones de bolivianos. Este fondo se destina a compensar a las empresas petroleras por acelerar sus operaciones, aunque desde 2017 sus resultados han sido limitados.
Otro tema que se discute es la Renta Dignidad, que aunque se financia con recursos departamentales, es considerada una responsabilidad nacional, con un monto de 15 millones de bolivianos asignados a este programa. Además, existen otras obligaciones presupuestarias que incluyen el Fondo Estatal de Vivienda, la Oficina Trinacional del Pilcomayo, y otros programas que continuarán recibiendo recursos departamentales.
El debate sobre el nuevo Pacto Fiscal se encuentra estancado, a pesar de la necesidad urgente de definir las competencias y la distribución adecuada de recursos entre los distintos niveles de gobierno. Las propuestas de reparto “50 – 50” que fueron parte de la campaña electoral parecen haberse desvanecido, dejando sin resolver cuestiones cruciales sobre la gestión financiera del país.