OEA analiza la situación social en Bolivia: el Gobierno busca salvaguardar derechos en manifestaciones
En el marco de una reunión con la Comisión Policial de la Organización de Estados Americanos (OEA), el Gobierno boliviano compartió un análisis sobre los 53 días de conflictos sociales que vivió el país entre mayo y junio. Este encuentro, que se desarrollará hasta el viernes, tiene como propósito establecer acciones conjuntas para prevenir futuros desbordes y trabajar en la reinstitucionalización de la Policía Boliviana.
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, destacó que la colaboración con entidades policiales de países miembros de la OEA busca esencialmente proteger los derechos humanos en el contexto de posibles protestas, permitiendo el derecho a manifestarse sin perjudicar el libre tránsito, el acceso a la salud y el abastecimiento.
"Ojalá no haya más conflictos sociales en este país, pero si los hay, deben estar enmarcados en la preservación de los derechos humanos".
Oviedo también reflexionó sobre los efectos negativos de las movilizaciones pasadas, recordando que muchas ciudades se quedaron sin oxígeno, alimentos, transporte y atención médica, y que varias muertes reportadas por la OEA ocurrieron en las carreteras durante esos días de crisis.
En cuanto a la situación del narcotráfico, el ministro reconoció un aumento en los cultivos de coca en el Trópico de Cochabamba, lo que contrasta con los esfuerzos de interdicción y erradicación de cultivos. A pesar de esta problemática, Oviedo subrayó los recientes éxitos en la lucha contra el narcotráfico internacional, mencionando que el número de aeronaves vinculadas a actividades ilícitas ha aumentado, con más de 80 avionetas incautadas.
Además, el ministro informó sobre la desarticulación de numerosos laboratorios de droga y la actividad de redes criminales que incluyen a ciudadanos extranjeros armados, generando preocupación por la seguridad en la región.
Respecto a la explosión en el cuartel Simón Bolívar de Viacha, Oviedo explicó que las investigaciones se llevan a cabo mediante dos vías institucionales, evitando la difusión de versiones no oficiales. El comandante del Ejército, el general Héctor Alejandro Alarcón, es el encargado de proporcionar información sobre el avance de las pesquisas.
El ministro aclaró que las diligencias legales están en curso por parte del Ministerio Público, asegurando que cualquier otra interpretación fuera de las fuentes oficiales es solo especulación.
En conclusión, la reunión con la OEA representa un paso hacia la reflexión y el aprendizaje para enfrentar conflictos futuros, priorizando siempre la protección de los derechos humanos y la seguridad nacional en Bolivia.