Acuerdo del Gobierno con el FMI: Puntos Esenciales
Luego de un proceso de deliberación que duró dos semanas, el acuerdo entre el Gobierno de Bolivia y el FMI ha sido oficializado. Este pacto se deriva de una evaluación crítica de la situación económica del país, la cual incluye una crisis fiscal y externa significativa.
Diagnóstico del contexto económico
El acuerdo reconoce un déficit fiscal que alcanzará el 11% del PIB para el año 2025. Además, la monetización del déficit estará alrededor del 7% del PIB, lo que equivale a aproximadamente 4.400 millones de dólares. La deuda pública también supera el 80% del PIB, en medio de una baja en la producción de gas y un descenso de las reservas internacionales.
Se prevé un ajuste fiscal significativo, equivalente al 8,5% del PIB, que se llevará a cabo entre 2026 y 2029. Este ajuste será más pronunciado en los primeros años, con la meta de eliminar el déficit primario al finalizar el programa y llevar el déficit total a un 3,5% del PIB para 2029.
Una de las decisiones más relevantes es que el subsidio a los combustibles tiene un plazo definido. Aunque se mantendrán congelados los precios internos hasta 2026, a partir de enero de 2027 se espera que los precios reflejen los costos reales, sin subsidios en el presupuesto de ese año.
El acuerdo también establece un cambio hacia un tipo de cambio más flexible, abandonando la anterior política de tipo de cambio fijo. El Gobierno permitirá que el mercado determine el tipo de cambio, con intervenciones limitadas por parte del Banco Central de Bolivia (BCB).
Además, se prevé que el BCB dejará de financiar al Estado, una función histórica, y se plantea una reforma que busca mejorar su autonomía y la rendición de cuentas. Esto representa un cambio significativo en la relación entre políticas fiscales y monetarias.
El Estado deberá reducir gastos y reorganizar empresas deficitarias, así como evaluar la inversión pública. Se contemplan límites en el gasto salarial y la posibilidad de cancelar proyectos de baja prioridad.
Asimismo, se proyecta una liberalización más amplia en precios y comercio, eliminando gradualmente los controles existentes, especialmente en alimentos y energía, lo que marca un cambio estructural significativo.
Los sectores de hidrocarburos y minería también se verán beneficiados por nuevos incentivos para la inversión privada, aunque se mantendrá una proporción adecuada de ingresos para el Estado. Se prevé una revisión de los marcos regulatorios para fomentar nuevas exploraciones.
Finalmente, el acuerdo destaca que el FMI jugará un rol crucial en la evaluación del programa, con revisiones trimestrales y metas específicas como el mantenimiento de reservas internacionales y la restricción del financiamiento del BCB al Estado.