Reestructuración del Estado: Posibles cierres de empresas públicas
El Gobierno de Bolivia, bajo la dirección de Rodrigo Paz, ha iniciado un proceso de reestructuración del sector empresarial estatal, lo que podría resultar en el cierre o la transformación de entre ocho y diez empresas públicas. Esta revisión está a cargo del Ministerio de Economía y la Oficina de Fortalecimiento de Empresas Públicas (OFEP).
El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, ha indicado que se realizarán diagnósticos técnicos a las empresas públicas para determinar su capacidad operativa y si representan una carga para las finanzas del Estado. El mecanismo en marcha se enmarca dentro del Presupuesto General del Estado (PGE) Reformulado 2026, que autoriza cambios en la estructura de estas entidades.
Situación financiera crítica en varias entidades
La OFEP ha identificado un total de 15 empresas que se encuentran en quiebra técnica, acumulando pérdidas cercanas a los Bs 3.637 millones. Entre las entidades afectadas se mencionan la Empresa Estatal de Producción y Comercialización del Oro (EPCORO) y la Empresa Boliviana de Producción Agropecuaria (B-Agro).
La reestructuración también impactará en los recursos asignados a estas empresas, ya que el PGE Reformulado incluye una reducción de Bs 3.800 millones en los aportes de capital. Esta medida es parte de un plan más amplio del Gobierno para disminuir el déficit fiscal del país.
Espinoza subrayó que el objetivo no es simplemente cerrar empresas, sino evaluar cuál es la alternativa más conveniente. Las opciones podrían incluir mantener, reestructurar, transferir, asociar con el sector privado o incluso liquidar algunas de estas entidades.
Entre las empresas bajo análisis se encuentra una dedicada a la producción de papas fritas en El Alto, que podría enfrentar su cierre o ser transferida a otra entidad gubernamental, o ser sometida a un esquema de asociación público-privada dependiendo de los resultados de la evaluación en curso.
Con esta reestructuración, el Gobierno busca reducir la carga sobre los recursos públicos, demandando que las empresas estatales demuestren su capacidad para operar sin convertirse en un reto financiero para el Estado.