El Gobierno Boliviano Estudia Recortes de Subvenciones en el Marco del Acuerdo con el FMI
El Gobierno de Rodrigo Paz se encuentra evaluando la posibilidad de reducir diversas subvenciones estatales, además de eliminar el subsidio a los combustibles, conforme al acuerdo económico establecido con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Este análisis incluye, entre otros, el sector energético, lo que podría repercutir en los costos que enfrentan tanto los hogares como las empresas.
El acuerdo estipula una política de reducción gradual de subvenciones y del gasto público como parte de un ajuste fiscal necesario. La meta principal es disminuir el déficit del sector público, que ha sido señalado como uno de los grandes desafíos de la economía en Bolivia. Este plan prevé un ajuste fiscal que alcance aproximadamente el 8,5% del Producto Interno Bruto (PIB) entre los años 2026 y 2029.
Uno de los aspectos más críticos de este acuerdo es el tratamiento de los combustibles. Según lo establecido, durante el año 2026 se mantendrán los precios internos, pero a partir de enero de 2027 se espera que se inicie un proceso hacia la recuperación de costos, y el Presupuesto General del Estado de ese año no incluirá recursos destinados a subvencionarlos.
Sin embargo, el alcance de las medidas va más allá de la gasolina y el diésel. La hoja de ruta también prevería la eliminación progresiva de los controles de precios sobre alimentos y energía, así como ajustes en la inversión pública, disminución del gasto estatal y reestructuración de empresas públicas que no sean financieramente sostenibles.
El Gobierno asegura que estas acciones forman parte de un programa de 36 meses orientado a estabilizar las finanzas públicas. El acuerdo con el FMI incluye un financiamiento aproximado de $us 1.900 millones, y las autoridades esperan que este programa también facilite la movilización de fondos adicionales de entidades como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación Andina de Fomento (CAF).
No obstante, crece la preocupación sobre el impacto que estas medidas puedan tener en la población. Mientras el Gobierno intenta aligerar el peso de las subvenciones sobre las cuentas estatales, la reducción o eliminación de estos apoyos podría trasladar un mayor costo de la energía y otros servicios a los consumidores y a las empresas, afectando directamente su economía.
El acuerdo con el FMI no se limita únicamente a la gasolina y el diésel; la revisión de otras subvenciones marca el inicio de un nuevo proceso de ajuste que podría tener un efecto directo en los bolsillos de los ciudadanos bolivianos.