Acuerdo del FMI traerá ajustes difíciles para Bolivia
Bolivia ha suscrito un compromiso con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que implicará la eliminación de los subsidios a los combustibles a partir de enero de 2027, en un contexto donde el país busca estabilizar sus reservas y mejorar su situación económica. Este acuerdo tiene el potencial de inyectar $us 1.900 millones, pero trae consigo la carga de un ajuste fiscal previo a la recuperación económica esperada para 2028.
El acuerdo establece que el presupuesto del año 2027 no podrá destinar recursos del Tesoro ni de las empresas públicas para las subvenciones de combustibles. Hasta diciembre de este año, los precios de los combustibles permanecerán congelados, pero a partir de enero deberán ajustarse a una nueva fórmula que refleje los costos reales, incluyendo el tipo de cambio y los gastos de importación.
Aunque aún no se ha definido el nuevo precio del diésel y la gasolina, el compromiso de reducir los subsidios podría tener un impacto inmediato en el transporte, la producción y el costo de los alimentos. Las autoridades reconocen que esta medida podría demorar la reducción de la inflación y generar tensiones sociales.
“Yo no veo otra solución de que se levante el subsidio”, afirmó Marcelo Trigo, ex presidente de la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban), enfatizando la necesidad de eliminar distorsiones en el sistema y sugiriendo que se debe considerar ayuda para los hogares más vulnerables.
Sin embargo, la implementación de un registro social unificado, necesario para identificar y asistir a las familias afectadas por la eliminación de subsidios, no estará lista hasta marzo de 2027. Esto plantea el riesgo de que los precios aumenten antes de que exista un sistema para compensar a los más necesitados.
El financiamiento del FMI deberá ser aprobado por el Directorio Ejecutivo y la Asamblea Legislativa y no será un desembolso inmediato, sino que estará sujeto a evaluaciones trimestrales. Se espera que este respaldo no solo aporte divisas, sino también recupere la confianza de otros acreedores, facilitando el acceso a financiamiento adicional.
Trigo destaca que la clave del acuerdo no solo reside en los recursos, sino también en la necesidad de implementar ajustes significativos para reducir el déficit fiscal. El Gobierno deberá afrontar un ajuste equivalente a aproximadamente el 8,5% del PIB entre 2026 y 2029, lo que implica restricciones en el gasto público y eliminación de subsidios, además de limitar nuevas contrataciones.
La política económica del Banco Central deberá alinearse con estos ajustes, limitando la circulación de dinero y evitando financiamientos directos al sector público, lo cual podría complicar aún más la situación económica en un país que todavía enfrenta una recesión.