FMI y la necesidad de un pacto social en Bolivia
Un grupo de diputados de Tarija, pertenecientes a diferentes partidos, se reunió para discutir el memorando de entendimiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre un préstamo de 1.900 millones de dólares. Los legisladores enfatizaron que la implementación de este acuerdo debe ir acompañada de una adecuada transparencia y un pacto social para evitar protestas.
Este acuerdo, que se basa en un Memorando de Políticas Económicas y Financieras, incluye medidas significativas de ajuste, como la eliminación de la subvención a los combustibles para el año 2027 y una mayor flexibilidad en la cotización del dólar. También se prevén cambios en la política monetaria y en sectores clave, como minería e hidrocarburos.
Llamado a la transparencia y al diálogo social
El diputado Gabriel Corvera expresó su descontento por la falta de participación de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) en las negociaciones con el FMI y la falta de información previa al respecto. Insistió en que es vital socializar las medidas propuestas antes de su puesta en marcha para prevenir conflictos.
"Hemos conocido el convenio con el FMI por redes sociales. Hay que ver si eso es total, parcial. La pregunta es si han advertido al transporte, a los sectores. Por eso es necesario un pacto social… Hacerlo entre gallos y media noche es lo que no está bien".
Corvera sugirió que el Gobierno convoque a un pacto social en Tarija, específicamente en Villa Montes, señalando que ya se han enviado solicitudes al Ejecutivo, pero aún no han recibido respuesta. Aseguró que sin este acuerdo, la situación podría volverse tensa.
Preocupaciones sobre el modelo económico
Por su parte, el diputado José Luis Porcel advirtió que el acuerdo representaría un cambio radical en el modelo económico actual. Mencionó aspectos críticos como la posible fluctuación del precio de los combustibles y el impacto de las variaciones en el mercado internacional.
Porcel también alertó sobre el riesgo de movilizaciones en respuesta a estas medidas de ajuste, subrayando la necesidad de implementar políticas que protejan a los sectores más vulnerables de la población, que podrían verse severamente afectados por decisiones como el aumento de los precios de los combustibles.