El Gobierno prioriza la explotación de Tariquía ante la crisis energética
En medio de una crisis política que afecta la gestión del presidente Rodrigo Paz Pereira, las tensiones económicas han llevado a que el Gobierno ponga nuevamente en el centro de su agenda la explotación de recursos energéticos. La propuesta incluye la exploración de áreas como Tariquía y Mayaya, con el objetivo de aumentar la producción de gas y petróleo en el país.
El pozo Domo Osso X3 ha sido destacado por Paz Pereira como una solución potencial para asegurar la producción eléctrica en Bolivia durante los próximos 15 años. Sin embargo, este pozo se encuentra fuera de la Reserva Nacional, aunque parte del campo Domo Osso sí se sitúa dentro de esta área protegida.
La situación en el ámbito energético se complica debido a la creciente crisis del petróleo, con el barril de referencia WTI alcanzando los 100 dólares. La reciente alza en los precios se debe a factores internacionales, como el conflicto en Yemen y las predicciones de recorte en las reservas estratégicas a nivel mundial.
Estrategias del Gobierno frente a la crisis energética
El Gobierno ha autorizado, mediante el decreto 5071, que las refinerías pueden importar petróleo crudo para ser procesado y comercializado en el mercado interno o incluso exportado. Esta medida incluye un 0% de Impuesto Especial a los Hidrocarburos hasta el año 2030, a fin de facilitar la venta de combustibles a precios de mercado sin subsidios.
Las operaciones en el campo Mayaya, al norte de La Paz, han sido limitadas y se han utilizado como herramienta política en diferentes ocasiones. En contraste, Tariquía se mantiene como un punto de interés y preocupación, ya que la explotación en esta reserva ha enfrentado múltiples interrupciones por la incertidumbre electoral y el temor al impacto ambiental.
El pozo en Tarija sobre el que se está generando un impedimento debería resolver el problema de electricidad en Bolivia para los próximos 15 o 20 años.
El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, ha denunciado la existencia de grupos corruptos dentro de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) que desvían combustible destinado a la población. Esta situación añade una capa más de desafío a la gestión del Gobierno, que cumplirá un año en funciones en noviembre de 2026.