El impacto del fin de la subvención al diésel en el transporte boliviano

Otto Ritter, exaspirante a la Gobernación de Santa Cruz, ha manifestado su preocupación respecto a la decisión del Gobierno de Rodrigo Paz de retirar la subvención al diésel. Esta medida, que se implementará a partir de 2027, podría resultar en un aumento significativo de los costos del transporte, repercutiendo en los pasajes y, por ende, en el bolsillo de los ciudadanos.

Ritter enfatiza que cualquier incremento en el precio del diésel impactará directamente en el transporte, lo que, a su vez, se traducirá en un aumento de los precios para los consumidores. Esta advertencia se alinea con la opinión de los líderes del Transporte Libre, quienes han anticipado que los pasajes podrían llegar a duplicarse o triplicarse si se eliminan las subvenciones y los costos de los combustibles aumentan.

El acuerdo entre el gobierno boliviano y el Fondo Monetario Internacional (FMI) estipula que, desde enero de 2027, los precios de los combustibles en el país deben reflejar los costos reales de producción, y el presupuesto nacional no incluirá partidas destinadas a subvenciones de hidrocarburos. A pesar de esto, el Gobierno asegura que se implementarán mecanismos de protección social para mitigar el impacto en los sectores más vulnerables.

En este contexto, el Transporte Libre Nacional ha exigido al Gobierno una respuesta a sus demandas en un plazo de 48 horas, advirtiendo sobre posibles movilizaciones una vez que termine el estado de excepción. Entre sus principales reclamos figura la oposición al Decreto Supremo 5676 y la eliminación de la subvención a los combustibles.

Frente a esta situación, Ritter propone como solución la eliminación temporal de los impuestos sobre los combustibles, con el fin de suavizar el impacto que esta medida gubernamental tendría sobre el transporte y la economía de los hogares bolivianos.

Expectativas para el futuro del transporte en Bolivia

La preocupación por el futuro del transporte en Bolivia se intensifica con las proyecciones de aumento de precios y la posible desestabilización social que podría generar. La comunidad se encuentra a la espera de decisiones concretas por parte del Gobierno que puedan evitar una crisis en el sector.