Senador Roca solicita la destitución del gerente de Chaco Energías por polémico contrato
Leonardo Roca Egüez, senador de la República, ha solicitado al presidente Rodrigo Paz la destitución del gerente general de Chaco Energías S.A., Alejandro Torres Cortez. Esta exigencia surge tras la revelación de un contrato de suministro de energía con la empresa Paratech S.R.L., relacionado con un proyecto de criptominería en la región del Chapare, según información oficial de la Autoridad de Electricidad y Tecnología Nuclear (AETN).
Roca indicó que la AETN le proporcionó documentación que corrobora sus denuncias. En particular, el contrato fue firmado en septiembre de 2025 y registrado ante notaría, estableciendo el suministro de 27 megavatios, lo que se traduce en 19.440 MWh mensuales a un coste de 24 dólares por MWh, bajo una cláusula de "take or pay" que obliga al pago aunque no se consuma la energía.
El tiempo de vigencia del contrato es de diez años. Roca destacó que una de las turbinas de la planta, conocida como BUL02, está destinada exclusivamente a la operación de criptominería. Además, el senador criticó una cláusula que permitiría a Paratech retirarse del acuerdo sin penalización si el Estado boliviano implementa impuestos o regulaciones específicas.
Otro aspecto mencionado por Roca es que las disputas derivadas del contrato se resolverían a través de arbitraje privado ante CAINCO, lo que implicaría renunciar a los tribunales ordinarios de Bolivia. Esta particularidad ha suscitado inquietudes sobre la transparencia y la protección de los intereses del país.
El senador también hizo hincapié en que el contrato ya estaba en vigor cuando Torres Cortez desmentía públicamente su existencia en junio de 2026, lo que lo llevó a acusar al gerente de proporcionar información engañosa y exigir un proceso en su contra. Roca recordó que el Ejecutivo recibió previamente un informe que alertaba sobre el impacto del suministro de gas subsidiado para la criptominería.
Finalmente, Roca exigió al presidente Paz que aclare quiénes en el Gobierno estaban al tanto del contrato mientras se negaba públicamente su validez. El senador concluyó que la documentación relacionada debe ser revisada por las autoridades competentes para determinar las responsabilidades correspondientes.