Agamdech se declara en emergencia tras eliminación de la subvención al diésel
La Asociación de Gobiernos Autónomos Municipales de Chuquisaca (Agamdech), junto a presidentes de concejos y representantes cívicos, ha decidido entrar en estado de emergencia debido a la reciente suspensión de la subvención al diésel. Las autoridades consideran que esta medida del Gobierno penaliza a las familias de escasos recursos.
Durante una reunión de evaluación, los miembros de Agamdech denunciaron que el Ejecutivo ha decidido trasladar la carga de la crisis económica directamente a los ciudadanos, especialmente a aquellos que no cuentan con ingresos fijos. Marco Soliz, director ejecutivo de la asociación, afirmó que esta norma pasa por alto la situación de los sectores marginados y empobrecidos, trasladándoles el costo adicional de la cadena de suministro, lo que resulta en el aumento de precios de productos esenciales.
Las autoridades también subrayaron que esta situación se agrava en el marco de una economía inestable, caracterizada por la fluctuación del dólar y por largas filas para obtener combustible. Este escenario impacta severamente a las familias campesinas y comunarias de las provincias, aumentando el costo de vida en un contexto donde los problemas de abastecimiento aún no han sido resueltos.
El impacto en los precios y el transporte
En varios municipios de Chuquisaca ya se están percibiendo los efectos inmediatos de esta decisión, con el aumento de las tarifas del transporte intermunicipal. Por ejemplo, los pasajes han subido de Bs 80 a Bs 170, lo que duplica los costos de flete para el transporte de alimentos básicos, como arroz, fideos y aceite, encareciendo la canasta familiar en toda la región.
Frente a lo que han denominado "dieselazo", los representantes de Agamdech sostuvieron que cualquier cambio de esta índole debería hacerse de manera gradual. Además, cuestionaron que a pesar del aumento en el precio del diésel, las dificultades en su suministro se mantienen, lo que genera incertidumbre entre los productores y las familias de menores ingresos.
Como respuesta a esta problemática, las autoridades municipales y los comités cívicos han manifestado su rechazo al Decreto 571, exigiendo su abrogación inmediata. También han acordado llevar a cabo reuniones con el Comité Cívico departamental para evaluar posibles medidas de presión y acciones conjuntas que protejan la economía de las familias afectadas.