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septiembre 25, 2026 2 min de lectura
Economía

El dilema del diésel: más allá del incremento de su precio

Jaime Balanza, experto en hidrocarburos, expresa su preocupación no solo por el aumento del precio del diésel de Bs 9,80 a Bs 17,95 por litro, sino principalmente por el sistema de cálculo establecido por el Decreto Supremo N.º 5716, que podría generar ajustes futuros y afectar gravemente el costo de vida.

El decreto en cuestión vincula el precio del diésel en Bolivia con la cotización internacional de un tipo de combustible de bajo contenido de azufre, y también incluye factores como el tipo de cambio, los costos de transporte, almacenamiento y otros gastos logísticos, lo que complica aún más la situación.

Balanza subraya que la inclusión del tipo de cambio representa un riesgo significativo. La necesidad de dólares para importar combustibles podría aumentar la demanda de divisas, elevando así la presión sobre el tipo de cambio, lo que a su vez encarecería la importación de combustibles y otros productos.

Este ciclo podría tener un efecto encadenado en la economía: una mayor demanda de dólares podría provocar la depreciación del boliviano, encareciendo las importaciones y repercutiendo en los precios de transporte y productos de consumo.

Además, Balanza advierte que una caída en los precios internacionales del petróleo o del diésel no necesariamente se reflejaría en una reducción automática del precio interno, ya que otros factores podrían equilibrar cualquier disminución.

El experto también critica el mecanismo de reajuste que permite modificar el precio del diésel cada vez que la variación acumulada de ciertos componentes alcance el 5%. Esto significa que los precios podrían ajustarse sin un debate general sobre su estructura.

Balanza cuestiona la calidad de los combustibles adquiridos en el mercado internacional, en particular de las empresas Vitol y Trafigura, sugiriendo que se necesita claridad sobre los contratos y las especificaciones de los productos que se importan.

Finalmente, el especialista plantea la abrogación del Decreto Supremo N.º 5716, argumentando que el debate debería centrarse no solo en el precio actual del diésel, sino en cómo se determinará su precio en el futuro y las implicaciones que esto tendrá para la economía.

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