Tensión entre Gobernaciones por el Pacto Fiscal: La búsqueda del 50-50
A medida que se acerca la reunión entre el presidente Rodrigo Paz y los nueve gobernadores del país programada para el 5 de agosto en Sucre, se observa una creciente diversidad de opiniones entre las gobernaciones respecto a sus objetivos. Mientras que Santa Cruz se enfoca en la cesión de recursos, los departamentos más pequeños apelan a la necesidad de aliviar sus deudas.
Este encuentro es considerado un paso fundamental para iniciar un diálogo que busque establecer una metodología que conduzca a un nuevo Pacto Fiscal, como se mencionó durante la campaña electoral con el concepto de '50-50'. Sin embargo, este planteamiento ha revelado ambigüedades que han evolucionado en contradicciones a lo largo del tiempo.
La premisa de dividir los recursos equitativamente entre administraciones se ha vuelto más compleja. Si bien inicialmente parecía una propuesta sencilla, pronto surgieron interrogantes sobre su aplicabilidad. El exgobernador Óscar Montes ya había señalado que recibir el 50% de los recursos podría no ser suficiente si las asignaciones estaban destinadas a cubrir costos fijos como policías y maestros.
El presidente ha asumido un papel activo en este debate, pero su enfoque ha cambiado hacia la discusión de competencias en lugar de simplemente repartir recursos. Hace algunos meses, el presidente propuso incluso que se definiera el currículum escolar en un 50% en coordinación con las gobernaciones.
El camino hacia el Pacto Fiscal parece estar plagado de obstáculos. A pesar de que la bancada de Libre en la Asamblea Nacional ha propuesto incluir el 50% de los recursos en el presupuesto del presente año, aún no se han logrado avances significativos. La senadora tarijeña Isabel Moreno ha enfatizado la necesidad de reformas sustanciales que no deben paralizar la gestión actual, ya que la Constitución otorga la mayor parte de las competencias departamentales de manera concurrente, lo cual ha dado lugar a duplicidades y vacíos administrativos.
Mientras tanto, el gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, ha manifestado su intención de maximizar los recursos para su gestión, sin temor a las competencias que se le puedan asignar posteriormente. En Santa Cruz, se ha propuesto que la gobernación asuma la recaudación de impuestos específicos, lo que podría aumentar la eficiencia en la gestión de recursos.
Por otro lado, los departamentos más pequeños enfrentan dificultades para implementar nuevas estructuras de recaudación, ya que los volúmenes de ingresos generados serían insuficientes. Este dilema resuena con las preocupaciones que surgen cada vez que se realiza un censo, donde la utilización exclusiva del volumen poblacional como criterio de distribución podría perjudicar a departamentos como Tarija, que necesitan considerar factores como la despoblación y el envejecimiento para garantizar un desarrollo equitativo.
Las expectativas para la reunión del 5 de agosto son variadas. Mientras que Santa Cruz busca establecer las bases de un Pacto Fiscal robusto, otros departamentos anhelan alcanzar acuerdos que les permitan enfrentar emergencias y lograr un alivio fiscal. La legislación que permite el uso de recursos del IDH confiscados por el gobierno central es un elemento clave, pero las gobernaciones también requieren convenios para la condonación o reprogramación de deudas con el FNDR y otras entidades.
En medio de este panorama, el diputado tarijeño José Luis Porcel ha expresado su escepticismo respecto a la efectividad de la reunión, considerándola un mero 'saludo a la bandera' debido a la falta de voluntad política del Gobierno nacional para abordar la distribución de recursos bajo el esquema 50/50. Según él, es posible facilitar más transferencias a las gobernaciones, que son las que manejan las competencias más cercanas al ciudadano, pero esto requeriría un esfuerzo del gobierno para reducir el gasto público.