Expulsión de un sacerdote por abusos en Europa y América Latina

Francesc Peris, un sacerdote de 84 años, ha sido expulsado de la Compañía de Jesús y del estado clerical tras ser acusado de abusar de al menos 22 menores entre 1974 y 2005, lo que incluye su tiempo en Cataluña y Bolivia. La orden ha expresado su profundo pesar por el daño ocasionado y ha asumido su responsabilidad por los errores cometidos en el pasado.

El caso de Peris salió a la luz por primera vez en 2021, cuando un informe enviado al Papa Francisco identificó a 251 clérigos vinculados a casos de pederastia, lo que condujo a una investigación sin precedentes en la Iglesia española. Aunque la orden inicialmente negó conocer los hechos, posteriormente admitió que Peris había sido trasladado a Bolivia en 1982, donde continuó cometiendo abusos hasta su regreso a Barcelona.

Reacciones y medidas de la orden religiosa

La Compañía de Jesús ha emitido un comunicado donde reconoce los graves errores del pasado, algo poco habitual en organizaciones religiosas. Además, se han comprometido a escuchar a las víctimas y a reparar el daño causado. Sin embargo, aún persiste la incertidumbre sobre cómo se atenderá a las víctimas en Bolivia, donde la orden local no ha tomado medidas efectivas en los últimos tres años.

El testimonio de las víctimas ha revelado un patrón de encubrimiento y falta de respuesta adecuada por parte de las autoridades de la orden. Un caso destacado es el de Juana, quien, a sus 14 años, vivió una experiencia traumática en el colegio Juan XXIII de Cochabamba. Tras su denuncia, más víctimas se animaron a contar sus relatos, lo que llevó a un número significativo de acusaciones contra Peris.

La decisión de expulsar a Peris fue tomada por el superior general de los jesuitas, Arturo Sosa. Esta medida, que implica la pérdida de derechos y funciones clericales, no repara el daño causado a las víctimas. A pesar de la acción de la orden, las víctimas en Bolivia siguen esperando respuestas y reparaciones por parte de la Compañía de Jesús local.

Por último, a pesar de la gravedad de los hechos, se ha acordado que Peris residirá en una instalación de la orden bajo estrictas condiciones de vigilancia, limitando su contacto con menores y adultos vulnerables. Aunque el caso fue también llevado ante la justicia española, los delitos han prescrito, dejando a las víctimas sin recursos legales.