José Armando Urioste asume como fiscal general interino

El vicepresidente de Bolivia, Edmand Lara, llevó a cabo la ceremonia de posesión de José Armando Urioste como fiscal general del Estado interino, un evento que tuvo lugar la noche del 5 de octubre de 2026. Urioste, quien ocupará el cargo por un plazo de 90 días, se comprometió a promover la transparencia y la independencia del Ministerio Público, así como a erradicar la corrupción dentro de la institución.

Al asumir su nueva posición, Urioste se comprometió a asegurar que aquellos ciudadanos sin antecedentes delictivos no sufran persecuciones. Por otro lado, afirmó que quienes hayan cometido delitos enfrentarán las consecuencias legales correspondientes. "No debe haber persecución ni económica ni política. Si alguien no ha cometido un delito, es libre; y si alguien ha cometido un delito, la ley, Dios, la patria lo sancionará", expresó.

El fiscal general interino también prometió que no se encubrirán procesos judiciales en su gestión, subrayando que todos son iguales ante la ley. "No se va a tapar ningún proceso contra nadie. Vamos a defender la seguridad jurídica para todos", afirmó con firmeza Urioste, quien además advirtió que no aceptaría sobornos, dejando claro que cualquier intento de corrupción sería severamente sancionado.

Urioste describió la situación del Ministerio Público como crítica, mencionando que al asumir, se ha encontrado con prácticas que considera muy negativas. "Estamos destapando, como decía algún amigo, la olla y se huele muy mal. El día que destapemos, conoceremos la realidad de esta triste institución", comentó.

El acto de posesión de Urioste estuvo marcado por un ambiente de incertidumbre, pues su nombramiento fue objeto de revisión por parte del vicepresidente, quien había solicitado asegurar que el procedimiento cumplía con todos los requisitos legales. Lara enfatizó que su demora no fue por un capricho, sino por un respeto hacia la Constitución y la legalidad en el proceso de designación.

Con este nuevo liderazgo, se espera que el Ministerio Público recupere la confianza de la ciudadanía y opere de manera más ética y eficiente, en cumplimiento de su deber de administrar justicia en el país.