Avances en la política pública boliviana: decretos sobre energía y bienestar social
En una reciente sesión del Consejo de Ministros, el vocero presidencial, José Luis Gálvez, dio a conocer la promulgación de ocho nuevos decretos. Estas normativas están orientadas a diversos sectores, incluyendo el manejo de residuos urbanos, el apoyo al sector agrícola y la digitalización de trámites asociados a la educación secundaria.
Entre las iniciativas más relevantes, se destaca la regulación sobre el uso del biogás proveniente de los rellenos sanitarios. Esta medida busca transformar los desechos en energía limpia, una estrategia que marca un paso significativo hacia la transición energética que el país está implementando.
Con la inminente llegada de fenómenos climáticos adversos, como el Súper Niño, se ha decidido un aumento del presupuesto en 14 millones de bolivianos para el Instituto del Seguro Agrario (INSA). Este incremento está destinado a garantizar la seguridad alimentaria en el país durante la campaña agrícola 2025-2026.
Gálvez también anunció un avance significativo en la educación secundaria, donde a partir de 2026, todos los estudiantes obtendrán sus títulos de bachiller de forma gratuita y digital. Esta medida permitirá reducir la burocracia y el uso de documentos físicos, facilitando el acceso a la educación.
En el ámbito de la protección infantil, se aprobó la reglamentación de la Ley 1680, que beneficiará a los menores que se encuentren en situaciones de vulnerabilidad extrema. Los afectados recibirán asistencia médica, educativa y un bono mensual equivalente al 20% del salario mínimo nacional.
Desde una perspectiva económica, se ha integrado formalmente al transporte público en las categorías de crédito productivo, facilitando el acceso a préstamos con tasas reguladas para la renovación o reparación de vehículos. Esto reconoce la importancia del transporte como un pilar de la actividad económica nacional.
Por último, se modificaron las normativas de preinversión estatal, que ahora exigirán a las instituciones públicas justificar técnicamente cada proyecto. Esta medida busca evitar la creación de obras innecesarias y asegurar un uso eficiente de los recursos públicos.