Nuevas leyes permiten a las FF.AA. enfrentar el crimen organizado en Bolivia
En Bolivia, el Gobierno ha tomado la decisión de reforzar la seguridad nacional mediante la aprobación de cuatro leyes el 7 de octubre de 2026. Estas normativas permiten a las Fuerzas Armadas (FF.AA.) involucrarse en la lucha contra el crimen organizado, incluyendo la minería ilegal y el narcoterrorismo.
La iniciativa fue validada por el Consejo Supremo de Defensa del Estado Plurinacional (Cosdep), que busca reestructurar el sistema de seguridad del país. Durante la presentación de estas leyes, el Ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, subrayó la necesidad de adaptarse a la evolución de las organizaciones criminales, que han incrementado su complejidad y peligrosidad.
Las nuevas leyes permitirán a los militares llevar a cabo patrullajes en las fronteras, supervisar vías fluviales y proteger infraestructuras clave. La intervención militar se justifica ante la creciente sofisticación del crimen organizado, según las autoridades.
No obstante, la implementación de estas leyes ha generado inquietudes respecto a una posible militarización de la seguridad pública. Expertos en derechos humanos y analistas advierten sobre los riesgos que conlleva permitir a las FF.AA. asumir funciones de orden público, lo que podría resultar en un uso desproporcionado de la fuerza y afectar los derechos humanos.
Las reformas surgen a raíz de un mandato establecido el 17 de septiembre de 2026, cuando el Presidente Rodrigo Paz reactivó el Cosdep y designó un nuevo secretario. En esa ocasión, el mandatario enfatizó la existencia de narcoterrorismo en el país, lo que he considerado como una amenaza para el desarrollo boliviano.
El paquete legal ahora será revisado por la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (Udape), que tiene un plazo de siete días para completar esta revisión antes de que sea considerado en la Asamblea Legislativa, con un enfoque en la urgencia de abordar las amenazas del crimen organizado.
La preocupación sobre la militarización también ha sido expresada por organismos de derechos humanos, que señalan que la intervención militar debe limitarse a situaciones excepcionales y bien definidas. La lucha contra el crimen organizado, según varios actores sociales, debería priorizar el fortalecimiento de la inteligencia financiera y del sistema judicial.