Bagayeros suspenden bloqueo y exigen soluciones al comercio fronterizo
La Asociación de Bagalleros 27 de Mayo, del Gran Chaco, decidió levantar el bloqueo que mantenía en el puente internacional de San José de Pocitos, en Yacuiba. Esta medida se tomó tras la firma de un acta con representantes nacionales, regionales y de la policía, que establece un plazo de 15 días para abordar sus demandas en relación a las limitaciones impuestas por la Aduana argentina al comercio en la frontera.
El bloqueo había obstaculizado el tránsito de transporte pesado de carga y pasajeros, dejando a muchas empresas, como La Preferida y Quirquincho, con sus vehículos detenidos en la frontera. A pesar de esto, el paso peatonal continuó funcionando bajo la vigilancia de las fuerzas de seguridad de ambos países.
El presidente del gremio, Ramiro Alarcón, comunicó a Radio Soberanía de Yacuiba que las nuevas disposiciones de Argentina limitan a 10 kilogramos la entrada de productos como harina, soja y maíz. Estas restricciones han reducido la actividad de los bagayeros a solo el 30% de su capacidad, afectando el sustento de más de 1.100 familias de San José de Pocitos y Barrio Nuevo.
Las negociaciones para resolver el conflicto fueron impulsadas por el comandante de frontera, el coronel Lisandro García, y contaron con la participación de la senadora Rosalba Romero, el asesor del Gobierno Regional Juan Carlos Nallar y el representante de la Defensoría del Pueblo, Walter Portillo.
El acta firmada establece que las autoridades se comprometen a atender las solicitudes del sector, reportando avances en un plazo de 15 días y manteniendo un canal de comunicación constante con los líderes de los bagayeros. Una vez firmado el documento, se levantó la medida de presión y se reanudó el tránsito internacional.
En un contexto paralelo, los municipios argentinos de Aguas Blancas y Salvador Mazza han presentado una acción de amparo colectivo ante la Justicia Federal de Salta. La iniciativa busca frenar las restricciones impuestas por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) sobre el comercio fronterizo con Bolivia.
Los funcionarios de estos municipios, Adrián Zigarán y Gustavo Subelza, han solicitado que se declare la inconstitucionalidad de la Resolución General 5910/2026. Esta resolución limita el egreso de mercaderías y establece un tope de 150 dólares diarios por persona, además de restricciones en el transporte de ciertos productos.
La acción judicial se suma a las inquietudes de varios comerciantes y sectores fronterizos del norte de Salta, quienes están preocupados por el impacto negativo que estas medidas tendrán en las ventas, el empleo y el sustento de las familias que dependen del intercambio comercial entre Argentina y Bolivia.