Preocupante cifra de causas rebeldes en Tarija

Aníbal Cabezas, quien recientemente asumió como fiscal departamental en Tarija, ha dado a conocer que en un solo despacho del área de Litigación Penal se registran más de 3.080 causas activas que involucran a personas declaradas rebeldes. Este alarmante dato resalta la necesidad de una revisión exhaustiva en los procedimientos judiciales.

Cabezas ha manifestado su intención de solicitar informes a los fiscales encargados para determinar las acciones que se han tomado y las razones por las cuales no se han ejecutado las órdenes de aprehensión correspondiente. La falta de seguimiento ha generado una acumulación preocupante de casos sin resolución.

Además, el nuevo fiscal ha señalado la existencia de una carga procesal elevada, con fiscales que manejan más de 250 causas cada uno. Esta situación se ve agravada por la falta de personal suficiente para cubrir los despachos, lo que genera demoras en los procesos judiciales.

En relación a la gestión actual, Cabezas expresó su desacuerdo con la práctica de solicitar continuamente complementaciones de diligencias preliminares cuando no hay actos investigativos pendientes. Afirmó que las investigaciones deben ser efectivas y respetar los derechos tanto de las víctimas como de los acusados, manteniendo la presunción de inocencia.

El fiscal también informó sobre la implementación de cambios dentro del personal en unidades estratégicas y la realización de inspecciones para evaluar el funcionamiento de los despachos. Las irregularidades halladas podrían dar lugar a sanciones disciplinarias o incluso penales.

En cuanto al caso del ex presidente Evo Morales, Cabezas considera que es importante mantener al equipo de fiscales que actualmente lleva adelante la investigación. Sin embargo, está recopilando información sobre diferentes causas para evaluar la situación general de la Fiscalía.

Por último, el fiscal departamental destacó la importancia de fortalecer la presencia del Ministerio Público en municipios como Padcaya, Valle de la Concepción y El Puente, con el fin de facilitar el acceso de la población a la justicia.

Las investigaciones deben ser efectivas, objetivas y respetar tanto los derechos de las víctimas como la presunción de inocencia.