Nueva Ley N.º 1780 garantiza pasajes aéreos solidarios para pacientes críticos en Bolivia
El 20 de octubre de 2026, el presidente Rodrigo Paz firmó la Ley N.º 1780, que establece la posibilidad de obtener pasajes aéreos solidarios, tanto a nivel nacional como internacional, para pacientes que luchan contra el cáncer o que están en condiciones terminales que requieran su traslado a otras localidades para recibir tratamiento médico.
Para acceder a este beneficio, los pacientes deberán contar con un certificado emitido por la autoridad de salud más cercana. La ley también contempla la inclusión de un acompañante cuyo papel será cuidar al paciente, permitiendo incluso hasta dos acompañantes si se trata de niños o adolescentes.
Obligaciones de las aerolíneas
Las aerolíneas, tanto públicas como privadas, tienen la responsabilidad de reservar los asientos necesarios para los pacientes y sus acompañantes, asegurando así un traslado adecuado y cómodo que respete las condiciones de salud de los usuarios. Además, deberán emitir los boletos con anticipación, prohibiéndose la negativa a emitir pasajes sin justificación.
Para solicitar un pasaje solidario, el paciente deberá presentar un certificado médico, ya sea en formato físico o digital, el cual no deberá cumplir con requisitos excesivos y deberá ser validado rápidamente por la autoridad de salud correspondiente.
Incentivos tributarios y sanciones
La nueva ley también otorga incentivos tributarios a las aerolíneas, permitiéndoles deducir el costo de los pasajes solidarios de su base imponible para el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE). Sin embargo, los beneficiarios deberán asumir el Impuesto a las Salidas Aéreas al Exterior (ISAE) y otros impuestos relacionados.
Las aerolíneas que no cumplan con las disposiciones de esta normativa enfrentarán sanciones de acuerdo a la ley vigente. Asimismo, cualquier irregularidad en la presentación de certificados médicos será reportada al Ministerio Público para que se tomen las acciones legales pertinentes.
Finalmente, la ley establece un plazo de 30 días desde su publicación para que las autoridades competentes desarrollen la reglamentación necesaria para su implementación, asegurando así que los pacientes tengan acceso efectivo a estos beneficios.