Investigaciones del Gobierno revelan coincidencias con listas estadounidenses
El Gobierno de Rodrigo Paz ha iniciado un proceso de investigación sobre ciertos funcionarios de su administración, lo que ha permitido identificar a individuos relacionados con posibles actividades ilícitas. José Luis Gálvez, vocero de la Presidencia, aseguró que estas indagatorias guardan relación con acusaciones formuladas por el Departamento de Estado de Estados Unidos, que recientemente divulgó una nueva lista que incluye a dos exfuncionarios bolivianos.
Gálvez mencionó que han encontrado "muchas coincidencias" entre sus investigaciones y las decisiones tomadas por las autoridades estadounidenses. En este contexto, destacaron que se han separado a funcionarios de sus cargos por razones de presunta corrupción y vínculos con el narcotráfico.
El vocero enfatizó que el gobierno estadounidense ha dejado claro que ciertos ciudadanos bolivianos no son bienvenidos en su territorio, debido a sus supuestos vínculos con la corrupción o el narcotráfico. En una entrevista con UNITEL, Gálvez afirmó que su administración está comprometida a limpiar el Estado de cualquier funcionario que tenga relaciones con actividades delictivas.
Entre los funcionarios destituidos se encuentran Diego Alejandro Barboza Zeballo, exdirector de la Unidad de Investigaciones Financieras, y Óscar Mauricio Ortiz Cuéllar, exdirector del Segip en Santa Cruz, quienes fueron removidos antes de que se hiciera pública la lista de EE.UU. Esto resalta la intención de las autoridades bolivianas de actuar conforme a los hallazgos en sus investigaciones.
Gálvez subrayó que no existe privilegio alguno en estos procesos y que la política del Gobierno se basa en la intolerancia hacia la corrupción. Aseguró que cualquier persona que haya estado en contacto con el narcotráfico o estructuras criminales está sujeta a un examen riguroso y, si es necesario, a acciones legales.
Finalmente, el vocero afirmó que el Gobierno ha estado realizando investigaciones de manera proactiva y que está dispuesto a asumir la responsabilidad en caso de que existan elementos que justifiquen acciones contra cualquier funcionario involucrado en estas prácticas. Reiteró que se respetará el debido proceso y que cualquier decisión será tomada con la mayor transparencia posible.