Nación Chiquitana se declara libre de extractivismo y demanda protección ambiental
El sábado pasado, en el Salón Mahatma Gandhi de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, se llevó a cabo un encuentro de comunidades indígenas y defensores de Chiquitanía, donde se firmó un documento que declara a los territorios de la Nación Chiquitana como "libres de extractivismo agroindustrial y minero". Este voto resolutivo, que contiene ocho puntos, fue respaldado por aproximadamente 50 autoridades indígenas y representantes de diversas organizaciones de la región.
El documento, titulado "Por el derecho al agua, al territorio y a un medio ambiente sano", recoge las preocupaciones de las comunidades sobre la situación del agua y la necesidad de preservar los bosques y humedales que son vitales para su sustento. Los firmantes instan al Gobierno nacional y a las autoridades locales a detener la autorización de actividades que afectan sus territorios, tales como la deforestación y la minería.
Agua como eje central de la defensa territorial
El agua es un tema recurrente en el voto resolutivo, donde se plantea la protección de nacientes, humedales y zonas de recarga hídrica. Las comunidades exigen un monitoreo más riguroso del impacto que tienen los desmontes e incendios sobre el acceso al agua, así como un acceso público a la información sobre estos temas.
Durante el encuentro, la hidrogeóloga Mónica Guzmán presentó un informe que detalla cómo la deforestación y los incendios han reducido la recarga de acuíferos, presentando un riesgo a largo plazo para la disponibilidad de agua en la región. Guzmán enfatizó que estos daños pueden ser irreversibles, afectando el futuro hídrico de la Chiquitanía.
El conflicto relativo al río San Lorenzo se destaca como un ejemplo crítico en el voto. Las comunidades de Turubó Este denuncian que una hacienda ganadera ha represado el río, afectando a unas 1.500 familias desde 2020. A pesar de los esfuerzos judiciales, las comunidades se enfrentan a dilaciones y falta de respuestas por parte del sistema judicial.
Los firmantes también expresan su preocupación por la falta de atención del Órgano Ejecutivo y del Órgano Judicial en la defensa de sus derechos. Acusan a las autoridades de autorizar actividades sin consulta previa y de no investigar las denuncias de daños ambientales, lo que agrava la situación en sus territorios.
Por último, el voto resolutivo concluye reafirmando que la defensa del agua, los bosques y los territorios es esencial para la vida y la cultura de los pueblos chiquitanos. Las comunidades exigen, con una voz unida, que se respete su derecho a un medio ambiente saludable y a vivir en condiciones dignas.