Investigación por presunta extorsión en la UIF
El viceministro de Transparencia, Yamil García, anunció que la Fiscalía ha aceptado la denuncia contra exfuncionarios de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) por supuestas extorsiones y manejo inapropiado de información. Esto incluye la falta de respuesta a 65 solicitudes de información realizadas por su ministerio.
García destacó que la UIF debía dedicarse principalmente a la prevención de delitos económicos y al análisis financiero. Sin embargo, se alega que en gestiones anteriores la institución se desvió de su función original, afectada por intereses ajenos a su labor técnica.
La denuncia incluye a exautoridades de la UIF, y se llevará a cabo una investigación para determinar si hubo irregularidades y cuáles serían sus consecuencias. García indicó que se han recibido quejas sobre presiones económicas contra personas investigadas por la UIF, sugiriendo que algunos informes habrían sido manipulados o retenidos.
Mecanismo de extorsión y denuncias anónimas
En su exposición, el viceministro García también explicó que se habilitará un sistema para recibir denuncias anónimas. Esto permitirá a comerciantes y emprendedores que se sientan amenazados o extorsionados por la UIF presentar información sin revelar su identidad.
El objetivo es acumular evidencias que contribuyan a la investigación y a la identificación de los funcionarios implicados, así como el periodo en que ocurrieron las presuntas irregularidades. García pidió que quienes aporten datos mencionen, si es posible, a los funcionarios involucrados en los hechos.
La investigación también contempla evaluar el desempeño de los operadores del sistema judicial, con un número considerable de denuncias que hasta ahora han quedado sin resolución. En Beni, 65 quejas no resultaron en sanciones, mientras que en Santa Cruz, 21 denuncias penales fueron desestimadas, lo que plantea interrogantes sobre el manejo de estas acusaciones.
La indagación continúa en curso, y la Fiscalía deberá reunir los elementos necesarios para comprobar si existió un esquema de cobros ilegales. Mientras tanto, el Viceministerio de Transparencia busca ampliar los testimonios que permitan avanzar en el esclarecimiento de los hechos denunciados, siempre respetando el debido proceso y la presunción de inocencia.