Acuerdo histórico sobre el modelo '50-50': las regiones ya no asumirán costos de vacunación ni prediarios

Recientemente se firmó un acuerdo técnico que marca un importante avance hacia la implementación del modelo de redistribución de recursos y responsabilidades conocido como '50-50'. A partir de este consenso, las gobernaciones no tendrán que cubrir más el costo del bono de vacunación para el personal de salud, ni el pago diario de alimentación para los reclusos en los centros penitenciarios.

El bono de vacunación, que beneficia a los trabajadores del sector salud, fue establecido en 2012 y ha sido modificado a lo largo de los años, alcanzando en 2022 un monto de 4.329 bolivianos, según el Decreto Supremo 4745 emitido durante el gobierno de Luis Arce. Por otro lado, los prediarios, destinados a la alimentación básica de los detenidos, han sido un tema crítico, ya que a julio de 2025, la población penitenciaria en el país ascendía a 33.058 personas, según un informe de la Defensoría del Pueblo.

Este acuerdo surge tras un diálogo realizado en Sucre, que reunió a los equipos técnicos de las siete gobernaciones y representantes del viceministerio de autonomía y del ministerio de Economía. La finalidad de este encuentro fue establecer una hoja de ruta para la implementación del '50-50'.

El ministro de Economía, Gabriel Espinoza, subrayó que en gestiones anteriores, los gobiernos regionales fueron obligados a asumir gastos que no correspondían a sus competencias. Esta situación era considerada una violación a la autonomía de las gobernaciones, algo que el actual gobierno busca rectificar mediante la aprobación de una ley que liberará a las regiones de estas cargas.

Además, el proyecto de ley también estipula que el costo de los títulos de bachiller, que deben ser gratuitos para los estudiantes, será cubierto por el Ministerio de Educación. En 2023, 210.726 estudiantes de diversas modalidades educativas recibieron sus títulos en todo el país.

El proyecto de ley actualmente se encuentra en la Cámara de Diputados, donde proseguirá su proceso legislativo antes de ser enviado al Órgano Ejecutivo para su promulgación. Espinoza concluyó enfatizando que el acuerdo incluye el compromiso de discutir y armonizar otros posibles gastos que no deban ser asumidos por las gobernaciones, lo que permitirá un avance gradual hacia una mayor autonomía regional.