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agosto 10, 2026 2 min de lectura
Sociedad

Alarmante aumento de denuncias de violencia sexual infantil en Bolivia durante 2026

En conmemoración del Día Nacional de la Solidaridad con las Víctimas de Agresiones Sexuales, la Defensoría del Pueblo ha hecho pública su preocupación ante el alarmante número de 965 denuncias de violencia sexual infantil registradas en los primeros seis meses de este año.

Pedro Callisaya, Defensor del Pueblo, destacó que esta forma de violencia constituye una de las más graves violaciones a los derechos humanos, afectando no solo la dignidad de las víctimas, sino también su desarrollo integral y su bienestar físico y emocional.

Las cifras proporcionadas por el Ministerio Público revelan que en el año 2025 se denunciaron un total de 10.816 casos relacionados con delitos contra la libertad sexual, de los cuales 2.313 involucraron a infantes, niños y adolescentes. Durante el primer semestre de 2026, los casos de abuso sexual infantil se concentraron principalmente en los departamentos de Santa Cruz, La Paz y Cochabamba.

La Defensoría del Pueblo ha señalado que estos incidentes, que usualmente ocurren en entornos familiares o cercanos, manifiestan una problemática estructural que exige una respuesta adecuada por parte del Estado. A través de un pronunciamiento oficial, se recordó que tanto la Constitución Política del Estado como la Ley Nº 548 y otros convenios internacionales obligan a las autoridades a implementar acciones para prevenir y erradicar la violencia sexual.

Entre las iniciativas que pone en marcha la Defensoría están las Mesas Departamentales “Voces Unidas frente a la Violencia Sexual contra Niñas, Niños y Adolescentes”, así como campañas de sensibilización y seguimiento a las responsabilidades estatales en esta área.

Finalmente, Callisaya instó a fortalecer el Sistema Plurinacional de Protección Integral de la Niña, Niño y Adolescente, subrayando la necesidad de ofrecer respuestas especializadas y evitar la revictimización, además de asegurar investigaciones efectivas y sanciones adecuadas a los delitos cometidos.

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