Alcaldes de Bolivia aún analizan propuesta de Paz sobre vehículos indocumentados
El debate sobre la legalización de los denominados "autos chutos" ha resurgido en el ámbito nacional, tras el anuncio del presidente Rodrigo Paz sobre un proyecto de ley que busca regularizar estos vehículos indocumentados. En este contexto, Johnny Torres, alcalde de Tarija y presidente de la Federación de Asociaciones Municipales (FAM), informó que se discutirá el tema con los demás alcaldes en una próxima reunión.
La propuesta del mandatario busca que los municipios puedan incrementar sus ingresos a través de impuestos por la regularización de estos vehículos, que actualmente ya circulan por las vías del país. Paz argumentó que es necesario encontrar "una solución" a esta situación vigente.
El alcalde Torres enfatizó que antes de formular cualquier normativa, es fundamental contar con datos precisos sobre la cantidad de vehículos indocumentados en circulación. "Debería haber un censo para saber qué es lo que se tiene que hacer", expresó, subrayando que la decisión final corresponde al gobierno central y no a los gobiernos municipales.
El presidente de la FAM mencionó que el 23 de septiembre se llevará a cabo una reunión en Santa Cruz, donde se abordarán diversos temas, incluido el de los vehículos indocumentados. Torres anticipó que en ese encuentro se podría llegar a una postura oficial sobre la propuesta del presidente, aunque aún no se posee información detallada sobre el proyecto de ley.
Cabe señalar que actualmente hay al menos dos iniciativas legislativas en la Cámara de Diputados sobre la regularización de estos vehículos, las cuales han suscitado el rechazo de varios sectores, incluyendo el transporte y la industria automotriz. Se estima que existen aproximadamente 1,5 millones de "autos chutos" en el país, lo que ha generado preocupaciones también en países vecinos como Chile, que advierten sobre un posible aumento en los robos de vehículos en su territorio.
Este nuevo impulso a la legalización de vehículos indocumentados, que el presidente había incluido en su campaña electoral, se presenta en un contexto de intensa discusión y divergencias de opiniones entre los alcaldes y otros sectores de la sociedad, lo que augura un futuro complejo para la implementación de esta normativa.