Aprobación de ley para pasajes aéreos solidarios a pacientes con cáncer
La Cámara de Diputados ha dado luz verde al Proyecto de Ley N.º 526/2024-2025, que establece la provisión de pasajes aéreos solidarios dirigidos a pacientes con cáncer, así como aquellos que padecen enfermedades terminales y se encuentran en estado crítico. Esta ley busca facilitar el traslado de estos pacientes para que puedan recibir atención médica especializada.
Roberto Castro Salazar, presidente de la Cámara de Diputados, comunicó que se han aceptado las modificaciones que realizó la Cámara de Senadores, lo que permite que la ley sea sancionada y enviada al Órgano Ejecutivo para su aprobación final.
Beneficios para los pacientes y sus acompañantes
La legislación incluye la provisión de pasajes tanto nacionales como internacionales para los pacientes, así como la posibilidad de cubrir el traslado de acompañantes. En el caso de menores de edad, se contemplan dos pasajes subvencionados para padres o familiares responsables.
Las aerolíneas, tanto públicas como privadas, estarán obligadas a reservar al menos cuatro asientos solidarios por vuelo, disponibles en rutas nacionales e internacionales. Para acceder a este beneficio, los pacientes deberán presentar un certificado médico, que puede ser físico o digital, emitido por un hospital especializado, el cual deberá ser validado por la autoridad sanitaria correspondiente.
Las aerolíneas tienen la obligación de programar la emisión de estos pasajes a la mayor brevedad posible y no podrán negarse a emitirlos sin justificación adecuada. En caso de incumplimiento de las normativas establecidas, las aerolíneas enfrentarán sanciones conforme a la legislación nacional vigente.
Además, si se detectan fraudes relacionados con los certificados médicos, los casos se remitirán al Ministerio Público para iniciar las acciones legales pertinentes contra los beneficiarios, médicos y hospitales implicados. Los ministerios de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, así como de Salud y Deportes, tendrán un plazo de 30 días a partir de la publicación de la ley para elaborar la reglamentación necesaria.