Controversia por la compra del Audi Q4 e-tron del Ministro de Economía
Jimena Acosta, analista y exdiputada, expresó en un programa radial su preocupación por las explicaciones brindadas por el ministro de Economía y Finanzas, José Gabriel Espinoza, sobre la adquisición de un Audi Q4 e-tron. La exlegisladora consideró que hay serias inconsistencias en las declaraciones juradas de Espinoza, lo que pone en tela de juicio su credibilidad.
Espinoza declaró poseer activos por Bs 392 y no tener deudas en noviembre de 2025. Sin embargo, el 30 de abril de 2026 realizó la compra de un Audi Q4 e-tron, que se valoró en Bs 350.000. Curiosamente, este vehículo no aparece en su declaración jurada del 29 de junio de 2026, en la que informó activos por Bs 9.367 y nuevamente cero deudas.
El ministro argumentó que financió esta compra mediante la venta de una camioneta anterior y un crédito bancario. Sin embargo, Acosta cuestionó esta explicación, señalando la incredulidad que suscitan tales afirmaciones. "Me resulta difícil creer que alguien pueda vender un auto usado y con ese dinero adquirir un Audi nuevo", dijo Acosta.
La exdiputada también puso en duda las diferencias entre el valor de mercado del Audi y los montos que aparecen en la documentación de importación. Afirmó que es poco probable que la Contraloría realice una investigación seria al respecto, dado que considera que son cómplices del problema en cuestión.
Acosta advirtió que este caso podría dañar la credibilidad del ministro de Economía, especialmente en un contexto en el que el Gobierno está implementando un programa de ajuste. "El Gobierno pierde la confianza y credibilidad a través de su ministro de finanzas", afirmó, aludiendo a la delicada situación que atraviesa el país.
Finalmente, cuestionó la capacidad del Gobierno para solicitar sacrificios a la ciudadanía mientras continúa realizando gastos que se perciben como extravagantes. "¿Cómo puede el Gobierno exigir austeridad a la población cuando sus propios gastos son vistos como innecesarios?", planteó Acosta, resaltando la desconexión entre las decisiones del Gobierno y la realidad de la población boliviana.