Controversia por la intervención gubernamental en YPFB y ANH
El ingeniero y analista en hidrocarburos, Jaime Balanza, ha criticado abiertamente la medida del Gobierno boliviano de intervenir Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) mediante una comisión de cinco ministros. Para Balanza, esta acción carece de un fundamento legal sólido y podría agravar la crisis de combustibles en el país.
La intervención fue establecida a través del Decreto Supremo 5697, que fue firmado por el presidente Rodrigo Paz Pereira y tiene una duración de 180 días. La comisión está compuesta por ministros de diversas carteras, incluyendo Economía y Finanzas Públicas, Producción Sostenible, Hidrocarburos, y Obras Públicas, así como un viceministro de Transparencia del Ministerio de la Presidencia. Esta decisión se tomó en un contexto de escasez de combustibles, con largas filas de vehículos en varias ciudades y denuncias de corrupción en ambas instituciones.
Balanza argumenta que la intervención contraviene la Constitución y dos leyes específicas relacionadas con el sector de hidrocarburos: la Ley 3058 y la Ley 1600. Señala que estas normativas ya ofrecen un procedimiento claro para la intervención de empresas, el cual debe ser llevado a cabo por el ente regulador, no por un grupo de ministros del Ejecutivo, lo que a su juicio, constituye un despropósito institucional.
Consecuencias de la intervención
El especialista advierte que esta acción podría provocar un vacío de autoridad en YPFB y la ANH, lejos de ofrecer la dirección técnica que se necesita en esta crisis. La falta de un marco normativo definido para la intervención permite la posibilidad de decisiones arbitrarias, lo que podría llevar a más retrasos operativos y a cuestionamientos legales, en lugar de solucionar el desabastecimiento de gasolina y diésel que afecta a la población desde hace semanas.
Recientemente, el ministro de Hidrocarburos y Energías, Marcelo Blanco, reconoció que se encontraron irregularidades tras el inicio de la intervención, como la existencia de aproximadamente 600 usuarios no activos en el sistema de YPFB. Además, se informó sobre el reemplazo del gerente comercial de la petrolera estatal y la posible acción legal contra quienes facilitaron el desvío de combustible. En cuanto a la ANH, se mencionaron deficiencias en su estructura que han permitido prácticas irregulares en la distribución de combustibles.
A pesar de estos descubrimientos, Balanza sostiene que no justifican eludir los procedimientos legales establecidos. Las leyes de hidrocarburos permiten realizar auditorías y sanciones sin necesidad de una intervención como la actual. Por ello, llama al Gobierno a restablecer lo que él denomina el "imperio de la ley", ajustando el proceso de intervención a las normativas vigentes para restaurar la confianza y previsibilidad en el suministro de combustibles en Bolivia.