Crisis en la construcción: el alza de costos amenaza el empleo
El presidente de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB) en Tarija, Eduardo Miranda, advirtió sobre el impacto del aumento en el precio de materiales esenciales, como el diésel, que ha incrementado los costos de las obras entre un 25% y un 30%. A pesar de la existencia de decretos que permiten la actualización de estos costos, su implementación sigue siendo compleja en diferentes niveles del gobierno.
Miranda destacó que la principal dificultad radica en la escasez de recursos adicionales para cubrir el aumento, dado que los presupuestos de las instituciones ya están asignados a otros programas. Por ejemplo, un módulo educativo que inicialmente costaba un millón de bolivianos ahora requerirá entre 250.000 y 300.000 bolivianos más para poder finalizarse adecuadamente.
La incertidumbre generada ha llevado a las entidades responsables a considerar la reducción de los alcances de los proyectos o incluso la suspensión temporal de los contratos hasta que se obtenga el financiamiento necesario. La primera opción podría resultar en la entrega de obras incompletas, careciendo de instalaciones como canchas deportivas o aulas que estaban previstas en los planes originales.
Este escenario no solo afecta a las obras en sí, sino que también impacta directamente en el empleo dentro del sector. Las empresas constructoras se ven forzadas a interrumpir actividades, lo que deja a numerosos ingenieros y trabajadores en un estado de incertidumbre laboral mientras esperan la resolución de los problemas presupuestarios.
Miranda también hizo hincapié en los obstáculos que enfrentan las empresas debido a los procedimientos administrativos necesarios para ajustar los costos. Los plazos establecidos por la normativa complican la aplicación de estas modificaciones, generando una prolongada incertidumbre que afecta tanto a las constructoras como a sus empleados.
Ante esta preocupación, el sector solicita soluciones prontas y adecuadas que permitan actualizar los costos de las obras. Sin estas respuestas, hay un riesgo significativo de que varios proyectos se queden sin concluir, lo que perjudicaría no solo a las empresas constructoras, sino también a los trabajadores que dependen de esta fuente de empleo.