Defensa a la independencia judicial: Amabol respalda a magistrados de la CPI
La Asociación de Magistrados de Bolivia (Amabol) ha expresado su apoyo al pronunciamiento emitido por el Grupo Iberoamericano de la Unión Internacional de Magistrados, en defensa de la independencia de los jueces y funcionarios de la Corte Penal Internacional (CPI). Esta declaración responde a las presiones, amenazas y sanciones que han surgido a raíz de fallos judiciales, que deben ser respetados por los Estados miembros.
El comunicado fue emitido el 19 de agosto por la presidenta del Grupo Iberoamericano, Adriana Orocú, desde San José de Costa Rica. En este documento se advierte que las sanciones impuestas a jueces de la CPI podrían tener un impacto negativo en la independencia judicial global. Se enfatiza que la posibilidad de que un juez sienta temor a repercusiones personales por su sentencia compromete la verdadera independencia judicial.
Según la Unión Internacional de Magistrados, permitir que un Estado imponga sanciones a jueces por decisiones que considera desfavorables crea un peligroso precedente y debilita las instituciones del Derecho Internacional. La UIM reitera que los jueces no deben ser penalizados por cumplir con su deber de juzgar.
Cristian Arancibia, presidente de la Asociación de Magistrados de Chuquisaca (Amach) y representante de la Amabol, ha denunciado que gobiernos de naciones poderosas, como Estados Unidos, ponen en riesgo la independencia judicial mediante ejercicios de presión sobre los magistrados de la CPI. Arancibia subrayó que estos riesgos también se presentan en el contexto boliviano.
Además, el presidente de Amach destacó que en Bolivia se han registrado casos donde jueces han sido arrestados durante audiencias, lo cual contradice el principio establecido por el Tribunal Constitucional Plurinacional, que sostiene que no se puede considerar prevaricato en flagrancia si la resolución no ha sido revisada por instancias superiores.
Este clima de presión se intensificó el 18 de agosto, cuando Estados Unidos anunció sanciones contra la presidenta de la CPI, Tomoko Akane, y el magistrado Abdoulaye Seye, lo que representa un nuevo esfuerzo del gobierno estadounidense para desmantelar la institución judicial internacional.
La situación planteada por Amabol y sus representantes resalta la importancia de proteger la autonomía judicial en un mundo donde las decisiones de los jueces pueden suscitar reacciones adversas por parte de poderes políticos.