Desacuerdo de la Gobernación ante decisiones judiciales sobre exfuncionarios

La Gobernación de Chuquisaca ha manifestado su descontento ante la decisión del juez de Instrucción en lo Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres N° 5 de Sucre, quien decidió no dictar detención preventiva contra los exfuncionarios Vivian Chungara y Fernando Selaez. En lugar de eso, dispuso su arraigo nacional y otras restricciones, como la prohibición de comunicarse con testigos y víctimas, además de una fianza de 50.000 bolivianos.

Adrián Zárate, jefe departamental de Transparencia, reveló que se ha presentado una apelación en contra de esta resolución, argumentando que hay un riesgo de fuga y posible obstaculización del proceso, aspectos que, según su consideración, no fueron adecuadamente evaluados por el juez.

El caso involucra a Chungara y Selaez, quienes están siendo acusados de cobrar un porcentaje del salario de los funcionarios durante la administración de Damián Condori. Zárate también destacó que hay un testigo protegido que ya ha presentado pruebas relevantes ante el Ministerio Público, lo cual refuerza la necesidad de medidas más estrictas de protección.

Zárate califica la multa impuesta a los imputados como simbólica, considerando que los montos que podrían haberse beneficiado serían mucho más altos que la fianza establecida. Tras la apelación oral durante la audiencia, el juzgado deberá remitir el caso a la sala penal correspondiente para que se fije una nueva fecha de audiencia.

En cuanto al exgobernador Esteban Urquizu, Zárate mencionó que se está trabajando en la reprogramación de su audiencia, asegurando que el equipo legal de la Gobernación está enfocado en que el proceso avance de manera ágil.