Desafíos y consideraciones de la reforma constitucional en Bolivia
La discusión sobre una reforma constitucional ha cobrado impulso en Bolivia en medio de un Estado de Excepción, lo que plantea serias dudas sobre la legitimidad del proceso. La situación actual, marcada por la restricción de manifestaciones y la presencia de fuerzas militares y policiales con poderes especiales, no se presenta como el ambiente más propicio para discutir cambios en el pacto social del país.
El proyecto de reforma fue presentado hace algunas semanas, pero fue durante la noche del miércoles cuando ganó visibilidad, al ser respaldado públicamente por el presidente del Senado, Diego Ávila, junto a otros parlamentarios. Sin embargo, este proceso se ve empañado por la falta de quórum en el Tribunal Constitucional, lo que pone en entredicho la validez del procedimiento.
Desde el partido Alianza Popular, hay voces que consideran que este movimiento es un intento de "desmantelamiento" del sistema actual. El texto de la reforma incluye una propuesta que busca modificar cerca de 30 artículos clave, dejándolos abiertos a cambios legislativos a futuro. Es un cambio significativo que podría alterar la estructura constitucional establecida.
Desde el exilio, Sánchez Berzaín ha sugerido declarar nula la Constitución Política del Estado (CPE) de 2009 y reponer la de 1994. Esto podría cobrar fuerza en la Asamblea, donde se requieren dos tercios para aprobar una Ley de Reforma Parcial, pero dicha reforma debería ser sometida a referéndum, lo que podría complicar aún más la situación para el presidente Paz.
La situación política se complica aún más ante el descontento popular. En las elecciones de 2025, muchos votantes se sintieron obligados a optar por lo que consideraban el "mal menor", lo que revela una falta de confianza en el sistema. Paz ha perdido parte de su apoyo popular desde el inicio de la legislatura, especialmente tras su acercamiento a Estados Unidos y otros actores internacionales.
El escándalo que envuelve a Fernando Cerimedo, asesor principal del gobierno, también ha aportado a la desconfianza generalizada. Cerimedo busca que su audiencia por un caso de enriquecimiento ilícito se lleve a cabo en Palmasola, y la falta de pruebas contundentes en las grabaciones filtradas solo añade incertidumbre al panorama.
En medio de estos vaivenes, la discusión sobre la reforma constitucional y las posibles movilizaciones sociales se intensifica. Analistas sugieren que la caída del decreto de excepcionalidad podría reactivar las protestas en el altiplano y el Chapare, mientras que otros creen que las clases urbanas se sienten ahogadas por la situación actual. En esta confusión, la figura de Rodrigo Paz podría encontrar una oportunidad, aunque el tiempo parece un aliado incierto.