Descubren ocho cuerpos desmembrados en mina ilegal en Ecuador

El pasado domingo, las autoridades ecuatorianas localizaron ocho cadáveres desmembrados en dos fosas comunes en una mina ilegal de oro, ubicada en el sur del país, específicamente en el municipio de Pucará, en la provincia de Azuay. Este hallazgo se produce en un contexto de estado de excepción que busca controlar la creciente violencia del crimen organizado.

A pesar de los esfuerzos del gobierno encabezado por el presidente Daniel Noboa para combatir la delincuencia, la violencia armada persiste, especialmente en áreas donde las pandillas luchan por el control de las rutas de tráfico internacional de cocaína y los recursos mineros ilegales. En esta región, se ha incrementado la actividad de minería irregular, lo que ha atraído a grupos criminales.

El coronel Pablo Inga, jefe de la policía judicial de la zona, reportó que los cuerpos habían sido enterrados a aproximadamente dos metros de profundidad, con las manos atadas y presentando lesiones que sugieren desmembramiento y decapitación, características que podrían estar relacionadas con el uso de un machete. Aún no se ha logrado identificar a las víctimas, aunque se estima que llevaban en las fosas alrededor de dos días.

La llegada de la policía a esta área de difícil acceso fue motivada por informes de disparos que alertaron a las autoridades. Varios habitantes de la región han manifestado su preocupación, indicando que algunos de sus familiares se encuentran desaparecidos, lo que agrava la sensación de inseguridad.

Ecuador se encuentra entre los países más violentos de América Latina, con una tasa de homicidios que alcanzó cerca de 51 por cada 100,000 habitantes en 2025. La provincia de Azuay es una de las diez regiones que desde junio han sido declaradas en estado de excepción debido al aumento en la violencia.

Esta medida permite al gobierno movilizar a las fuerzas armadas en las calles, pero también ha suscitado críticas por parte de organizaciones de derechos humanos, que han denunciado abusos por parte de la fuerza pública. Desde que Noboa asumió la presidencia en 2023, ha recurrido con frecuencia a la declaración de estados de excepción como herramienta para enfrentar a las bandas criminales.