El Gobierno envía a la Asamblea un nuevo proyecto de Ley de Inversiones
El Ejecutivo nacional, liderado por Rodrigo Paz, tiene previsto remitir el proyecto de Ley de Inversiones a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) el próximo martes. Esta iniciativa marca el comienzo de una serie de reformas orientadas a modificar el marco económico del país, con el objetivo de facilitar la llegada de capital tanto nacional como internacional.
José Luis Gálvez, vocero de la presidencia, anunció que esta ley será la primera de un conjunto de propuestas que el Gobierno enviará al Legislativo de forma gradual. Gálvez destacó que la Ley de Inversiones es solo la punta de lanza de un paquete que incluirá otras normativas, tales como las referidas a minería e hidrocarburos, las cuales se encuentran en diferentes etapas de elaboración y socialización.
La intención detrás de esta nueva ley es crear un entorno más propicio para atraer inversiones, ofreciendo al mismo tiempo una mayor seguridad jurídica. Entre los puntos destacados de la propuesta está la creación de mecanismos que dificulten futuras expropiaciones o nacionalizaciones, como la necesidad de contar con una ley aprobada por la Asamblea y el compromiso de indemnización inmediata a las partes afectadas.
Durante el reciente discurso del 11 de agosto, con motivo del 201 aniversario de la independencia, el presidente Paz reafirmó su compromiso con el envío del proyecto para su discusión en el Legislativo.
Además, el vocero Gálvez indicó que la Ley de Inversiones abrirá el camino a un conjunto más amplio de reformas, con al menos 12 leyes en total por presentar, cada una de ellas en un proceso de socialización con diferentes sectores de la sociedad.
Por otro lado, Gonzalo Morales, presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), comentó que es fundamental que el proyecto incluya garantías claras que generen confianza entre los inversionistas. Morales también señaló la importancia de establecer reglas claras que permitan el desarrollo de actividades empresariales sin interrupciones, recordando las pérdidas significativas que han ocasionado los bloqueos de caminos, que superan los 3.300 millones de dólares, y la necesidad de contar con una Ley Antibloqueos.
Actualmente, Bolivia opera bajo la Ley 516 de Promoción de Inversiones, promulgada en 2014, aunque el Gobierno sostiene que esta normativa no ha logrado atraer la inversión privada y extranjera de manera efectiva.