El Gobierno prevé extender por 90 días el estado de excepción en Bolivia

Desde el 20 de junio, Bolivia se encuentra bajo un estado de excepción, y el Gobierno tiene planes de extender esta medida por un periodo adicional de 90 días. Esta decisión podría complicar aún más el debate sobre los cambios propuestos a la Constitución Política del Estado (CPE). Recientemente, la Comisión de Justicia de Diputados aprobó un proyecto de resolución que ahora debe ser votado por el pleno y, posteriormente, por la Asamblea Legislativa.

La importancia de esta ampliación radica en que el artículo 140 de la CPE prohíbe iniciar cualquier reforma constitucional mientras un estado de excepción esté en vigor. De esta manera, una nueva prórroga podría mantener paralizados los esfuerzos para modificar la carta magna, que se han visto afectados por la situación actual.

El estado de excepción fue declarado tras 53 días de bloqueos y tensiones sociales. El Gobierno argumenta que persisten amenazas de movilizaciones que podrían desestabilizar la paz lograda recientemente. En este contexto, el diputado oficialista Alejandro Medinaceli comentó que la extensión es vital para salvaguardar la estabilidad del país tras los conflictos.

Sin embargo, esta decisión ya ha suscitado críticas en el ámbito político. Jorge Quiroga, líder de la agrupación Libre, expresó su preocupación al afirmar que prorrogar el estado de excepción significaría posponer durante tres meses una reforma constitucional que considera urgente. "Prorrogar y ampliar por tres meses un estado de excepción (…) implica que estaremos dejando de lado lo esencial por ese tiempo prolongado", subrayó.

La Defensoría del Pueblo también se ha manifestado al respecto, indicando que el estado de excepción debería ser una herramienta temporal, ya que no aborda las raíces de la conflictividad social, como son los problemas relacionados con el combustible y el aumento del costo de vida.

Así, mientras el Gobierno intenta afianzar el control ante la posibilidad de nuevas protestas, la discusión sobre la reforma constitucional se encuentra nuevamente atrapada en el juego político.