El Gobierno se niega a revertir el decreto sobre el diésel por condiciones del FMI
El presidente Rodrigo Paz ha declarado su intención de "mejorar" la situación, aunque ha dejado en claro que no se contemplan cambios en el Decreto Supremo 5676, que establece un precio de 18 bolivianos por litro de diésel para los grandes consumidores, a pesar de las oposiciones provenientes de varios municipios y sectores productivos.
Durante una reunión con representantes de la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM-Bolivia), el mandatario justificó la decisión por la necesidad de reducir el gasto público en combustibles, argumentando que cualquier retroceso significaría limitar los recursos destinados a infraestructura, salud y educación.
"Si retrocedo en este decreto, les voy a quitar plata a ustedes", afirmó Paz en respuesta a las demandas de los municipios.
El ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, reveló que la liberalización de los precios de los combustibles es una de las condiciones impuestas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para que Bolivia acceda a un financiamiento externo. Esta medida ha sido defendida a pesar de las solicitudes de derogación por parte de la FAM, que ha planteado un diálogo alrededor del 50/50.
En julio de este año, el Gobierno formalizó su solicitud de auxilio al FMI, buscando un acuerdo que inicialmente podría alcanzar los 1.900 millones de dólares, esperando un adelanto para septiembre. Sin embargo, la aprobación debe contar con el visto bueno de la junta del FMI y de la Asamblea Plurinacional, lo que ha generado incertidumbre en medio de un contexto de crisis generalizada y posibles bloqueos.
La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) ha manifestado su rechazo a la normativa y ha establecido un plazo hasta el domingo para que el Gobierno revoque el decreto. De no cumplirse, se prevé que el Comité Pro Santa Cruz convoque a una Asamblea de la Cruceñidad para definir próximas acciones, mientras los enfrentamientos en carreteras se intensifican.
Por su parte, el gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, anunció que está trabajando en alternativas para asegurar el abastecimiento de diésel y gasolina, buscando colaborar con el sector privado para importar combustible, aunque aún no ha proporcionado detalles sobre cómo se concretaría esta estrategia.
El conflicto actual entre el Gobierno y los sectores productivos refleja una lucha por el control del costo del diésel, donde se enfrentan las disposiciones de la autoridad central y las demandas locales por un precio accesible. Mientras Santa Cruz se esfuerza por garantizar el suministro, la discusión sobre los precios continúa sin un consenso claro.