El nuevo decreto y sus implicaciones para el sistema financiero boliviano
El Gobierno boliviano, bajo la administración de Rodrigo Paz, ha implementado el Decreto Supremo 5693, el cual introduce medidas temporales y excepcionales para las entidades financieras que, hasta el 31 de julio de 2026, no logran mantener sus niveles mínimos de solvencia debido a la actual situación económica.
Uno de los aspectos más críticos de esta norma es la disposición de utilizar temporalmente el Fondo Amplio de Garantía y de Crédito, instituido en 2026 con los recursos derivados del 6% de las ganancias netas de los bancos múltiples y las entidades PYME. Este fondo fue diseñado para facilitar el acceso al financiamiento, especialmente en lo que respecta a garantías para vivienda social y créditos productivos.
Con el nuevo decreto, se permitirá que el fondo emita Certificados de Fortalecimiento Patrimonial para aquellas entidades que enfrenten problemas de solvencia. Estos certificados tendrán una duración máxima de 90 días, lo que implica que los recursos inicialmente destinados a facilitar el acceso al crédito pasan a cumplir un rol de apoyo patrimonial para los bancos.
Este cambio en el uso de los fondos ha suscitado importantes interrogantes: si ciertas entidades requieren de un mecanismo extraordinario para reforzar su solvencia, ¿qué tan grave es la situación del sistema financiero en su conjunto? Aunque el decreto no evidencia por sí mismo una crisis bancaria sistémica, sí plantea la necesidad de un análisis más profundo sobre la situación actual y la información que pueda proporcionar la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) y el Gobierno.
En términos políticos y sociales, la aplicación del Decreto Supremo 5693 implica que los recursos del fondo del 6% que estaban destinados a mejorar el acceso a vivienda y a proyectos productivos ahora podrían ser utilizados, aunque de manera temporal, para respaldar el patrimonio de entidades financieras. Esto trae a la luz una discusión crucial sobre las prioridades del Gobierno y el equilibrio entre la protección del sistema financiero y el bienestar de la ciudadanía.
La gran pregunta que surge es si el Gobierno busca proteger el sistema financiero para prevenir una crisis más grave o si, por el contrario, está comprometiendo recursos que deberían estar enfocados en la vivienda y la producción para resolver problemas de solvencia en los bancos.